Carmen González Benicio

Tlapa

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña (FPM) pidieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que los juicios orales que comenzaron por el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano se apeguen a las normas internacionales, y que tomen en cuenta que se trata de la desaparición de un defensor de derechos humanos que ocurrió en un contexto de violencia que hasta hoy persiste en Tlapa.
Tlachinollan transmitió desde sus instalaciones una conferencia a través de su página de Facebook conde estuvieron el director Abel Barrera Hernández, el abogado Vidulfo Rosales Sierra y el integrante de la Dirección Política del FPM, Ubaldo Segura Pantoja.
Vildulfo Rosales explicó que hablarían de los avances del caso del activista asesinado, Arnulfo Cerón Soriano, por el cual había ocho detenidos como autores materiales y una persona como autor intelectual, en referencia al ex jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony, quien enfrenta el juicio fuera de la cárcel tras ganar un amparo.
Vidulfo Rosales agregó que al medio día del lunes inició el juicio con García Morales por lo que había “preocupación”, porque se observaba en el Tribunal Superior la influencia del poder económico y político del autor intelectual.
Mencionó como ejemplo que el año pasado promovió un amparo y “curiosamente sin fundamento ni motivación se le quita la prisión preventiva”, y agregó que para no ir a firmar los viernes al juzgado en Tlapa “mete oficios diciendo que tiene viajes fuera de la cabecera municipal, y con ello pone en riesgo el juicio y a los familiares”.
Para remarcar esas irregularidades ejemplificó que como son delitos menores la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez enfrenta su juicio en prisión, y en este caso en un delito de desaparición forzada quien está señalado lo enfrenta en libertad.
Rosales Sierra dijo que se trata de un grupo delictivo al que se le atribuyen 30 casos de desapariciones.
Remarcó que Cerón Soriano fue un defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas e incursionó en el movimiento social con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), luego el Frente Popular desde donde realizó diversas acciones en el Ayuntamiento de Tlapa, y a consecuencia de ellos enfrentó muchas amenazas.
Expuso que el 11 de octubre de 2019 fue desaparecido y el 20 de noviembre del mismo año fue hallado su cuerpo a tres metros de profundidad en una fosa clandestina.
Ubaldo Segura Pantoja recordó el trabajo de Arnulfo Cerón y la situación de “terror” que se vivía en octubre del 2019 por grupos delictivos.
Externó su preocupación por el desarrollo del juicio porque uno de los responsables “está libre bajo caución, no está libre plenamente, pero sí, con un pie afuera y así es más facil que saque los dos”, dijo.
Y que pese a ello, “tenemos que seguir en esta lucha, en la búsqueda de justicia” en la cual no estamos solos y vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia”.

Están desplazados los hijos y la esposa del luchador social asesinado

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó que a cuatro años del asesinato de Arnulfo Cerón, su esposa e hijos son víctimas de la violencia que se ejerce contra los defensores comunitarios y que causa daños irreparables.
Por cuestiones de seguridad salieron de su lugar de origen y sus hijos, particularmente, no pueden avanzar en sus estudios por la precariedad, informó.
Sostuvo que el trabajo que hacía Arnulfo estaba expresamente enfocado en alzar la voz de la población pobre de la montaña y que era público su trabajo, tan publico que las mismas autoridades municipales, el presidente municipal de Morena, Dionicio Merced Pichardo lo denostó, al decir que tenía nóminas donde cobraba, y que su lucha estaba motivada por intereses económicos.
Y que esas descalificaciones contra Arnulfo sirvieron para enviarle mensajes a los grupos de la delincuencia de que Arnulfo estorbaba en los planes de gobierno que se habían iniciado en Tlapa con el partido Morena.
En ese contexto se vivieron graves hechos de violencia en Tlapa con el empoderamiento de un grupo delincuencial, al grado de tener influencia en la seguridad pública, que tomó mayor fuerza en el Ayuntamiento.
Abel Barrera relató que Arnulfo en sus bloqueos carreteros para pedir servicios advertía que recibía amenazas de personajes del crimen organizado y de gente dentro del Ayuntamiento.
Recordó las irregularidades que ha habido en el juicio de Arnulfo y siguen vigentes e incluso, “hay intereses económicos muy fuertes para apoyar y proteger y salvaguardar a quien está siendo señalado por las víctimas como autor intelectual”.
Remarcó que eso pone en riesgo el debido proceso que se debe garantizar a las víctimas y familia de Arnulfo, “se han dado varias reuniones y el mismo presidente del TSJ ha dicho que se ha reunido con los abogados del autor intelectual”.
Hizo hincapié en que debe ser un juicio imparcial objetivo y apegado a las normas internacionales, y debe tomar en cuenta que es por la desaparición de un defensor que se dio en un contexto de violencia que hasta la fecha persiste en Tlapa.
Y donde no deben prevalecer los intereses económicos dentro de la administración de justicia, sino la ley porque la familia de Arnulfo está destruida, devastada por lo que los jueces deben tomar en cuenta el papel de defensor de derechos humanos y se apeguen a las normas aplicando los estándares más altos.
“Pedimos al poder Judicial y a las autoridades encargadas de este juicio que cumplan con su responsabilidad pública de que en Guerrero haya justicia para Arnulfo Cerón”, señaló.
Rosales Sierra manifestó que en el contexto de los juicios orales se está viviendo una situación “tensa” en Tlapa, debido a que varios autores materiales fueron traídos al penal y la presión se vio durante la búsqueda del colectivo Luciérnaga.
Y que supieron de una amenaza a dueños de maquinarias a quienes les dijeron: “aquellos que presten sus máquinas serán quemadas”.