A 12 años de su fundación, la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó el informe Memoria, verdad, justicia, reconciliación, en el que está el caso de la masacre de El Charco en Ayutla, el asesinato en Iguala del activista Arturo Hernández Cardona, la detención arbitraria de los hermanos del ex guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile y el homicidio del estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés.
Los casos fueron presentados en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación AC, ahí estuvo la hija de Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena quien lamentó que le tocó nacer en Guerrero, “en un estado mexicano opresor y asesino, ejecutor de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales”.
Arturo Hernández era dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y de la Unidad Popular (UP), fue encontrado sin vida el 3 de junio de 2013, después se supo que fue asesinado por el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Su hija recriminó que el caso de su padre está frenado por la impunidad con la que cuenta el ex alcalde incriminado por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Denunció que ella y su familia son víctimas indirectas del homicidio perpetrado por Abarca Velázquez, según lo dio a conocer en una declaración notariada el sobreviviente Nicolás Mendoza quien también corre peligro al ser desprotegido por el gobierno federal, él reveló que fue Abarca quien disparó contra Hernández Cardona.
En su testimonio dijo, “recuerdo a mi padre, Arturo Hernández Cardona como un defensor de derechos humanos, activista, siempre solidario con los grupos de magisterio, sindicatos mineros, agricultores, líderes de colonias, el día 30 de enero como miembro de la Unidad Popular se manifestó con un pliego petitorio, los activistas son sometidos a algún tipo de chantajismo, al gobierno no le gusta ningún tipo de protesta”.
Recordó que en 2013 su padre protagonizó una discusión con Abarca Velázquez porque pedía fertilizante para los campesinos, protestó en la Autopista de Iguala a finales de mayo y fue desaparecido junto a otros siete miembros de la UP, luego su cuerpo fue encontrado a las afueras de Iguala.
Reclamó que su padre ya había denunciado al ahora ex alcalde, al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores y a la directora del DIF y esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, por si algo llegaba a pasarle a él o a cualquier miembro de su organización. Además habían pedido la revocación de mandato ante el Congreso de Guerrero pero fueron ignorados.
Agregó que la desaparición de los normalistas fue sólo a un año tres meses después del asesinato de su padre junto a otros miembros de la UP, y es “sembrada” la verdad histórica de que los 43 estudiantes fueron incinerados en Cocula, “una de mis hermanas es perseguida en esos días de la desaparición y reiteradamente ha sido amenazada en ese periodo, las amenazas no cesan por parte del Estado mexicano”.
Dijo que su familia materna es de Cocula y las autoridades no les han brindado ayuda.
En la conferencia de prensa participaron la sobreviviente de la masacre de El Charco, Erika Zamora, la secretaria ejecutiva de la red, Magdalena López, el representante de Iglesias por la Paz, Fray Julián Cruzalta, la secretaria general del sindicato de trabajadores de La Jornada, Judith Calderón, el abogado de la organización, Ernesto Rodríguez Cabrera y la diputada perredista de la Asamblea del Distrito Federal, Beatriz Adriana Olivares.
Se presentó también el caso de los hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, indígenas nahuas originarios de Veracruz quienes fueron detenidos de manera arbitraria en enero de 2006, posteriormente arraigados, imposibilitados de defensa y violando su derecho al debido proceso y el juicio. Andrés fue reivindicado como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además el caso del estudiante de Veterinaria de la UAG, Jorge Cortés Carmona quien fue desaparecido el 29 de octubre de 2017 y fue encontrado en una fosa clandestina el 7 de noviembre con huellas de tortura, era sobrino del sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés.