* Tras la destitución del administrador, envía un documento en el que no responde a la demanda de otorgar la concesión del sitio turístico a cuatro comunidades aledañas a Cacahuamilpa

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * El gobierno del estado cesó a partir de ayer al administrador del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Gabriel Ortiz Bonal, y al responsable de la recaudación en la taquilla, Alejandro Cruz Estrada. Se desconoce si al administrador, uno de los más señalados en diversas irregularidades, será sancionado luego de la auditoría practicada por la Secretaría de Finanzas y Administración.

Habitantes que mantienen tomadas las instalaciones de este sitio turístico informaron que antes de la hora acordada donde se darían a conocer los resultados de la auditoría se presentaron al lugar el subsecretario de Ingresos, Alejandro Gómez Santoyo, y el director de Asuntos Jurídicos, Rogelio Gutiérrez Barrios, quienes les dieron a conocer la separación de sus cargos de las personas mencionadas, aunque no les indicaron si habría la aplicación al caso por parte de la ley.

Agregaron que en cuanto a la concesión, una de las exigencias centrales que motivaron la toma del Parque Nacional, los funcionarios les presentaron una contrapropuesta del gobierno estatal para que los habitantes la analicen, aunque ya firmada éstos y el ayuntamiento municipal de Pilcaya “se comprometen a entregar las instalaciones de las Grutas de Cacahuamilpa el día y hora en que se firme el presente por todas y cada una de las partes que intervienen”. En lo que se refiere a la oficina del ahora ex administrador, Ortiz Bonal, que podría haber sido abierta, no se realizó, sin más explicación.

La propuesta hecha llegar aquí en un documento de tres hojas, es un convenio de cumplimiento, pago y administración del 25 por ciento de los ingresos brutos del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, acumulados durante el periodo de enero a diciembre de 2001, derivado de los acuerdos suscritos por la representación del gobierno del estado y por los representantes de las comunidades de Cacahuamilpa, Crucero Grutas, El Transformador y Santa Teresa, del municipio de Pilcaya.

El convenio cita como antecedentes que el 26 de marzo de 1992 el gobierno federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Turismo, y con la intervención de la Contraloría General de la Federación, transfirió al gobierno del estado la administración, protección, mejoramiento y vigilancia del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, (por lo cual) “a raíz de lo anterior éste en cumplimiento de sus funciones las ha venido administrando recaudando los ingresos propios de dicho centro turístico”.

Acerca del incumplimiento del gobierno estatal para constituir el fideicomiso en el que se destinaría el 25 por ciento de los ingresos a las comunidades, luego de que el Parque nacional estuviera concesionado al canadiense Barry Sendel por varios meses durante 1996, lo que después originó en ese mismo año la primera movilización de los habitantes para posesionarse de las grutas, se indica que “por circunstancias ajenas al gobierno no se ha podido hasta la fecha constituir el fideicomiso de referencia, ya que se carece de una copia certificada legible del documento donde consta la transferencia hecha por el gobierno federal a favor del gobierno del estado”, por lo que para dar cumplimiento se acepta ahí que el gobierno estatal “está dispuesto a entregar el 25 por ciento de la recaudación obtenida durante todo el año 2001 en forma diferida” y, para ello, proponen a los habitantes se firme el convenio mismo que sujetan a cuatro cláusulas.

La primera es que una vez conseguida la copia certificada legible del documento de transferencia se constituirá el fideicomiso para la administración del 25 por ciento de los ingresos netos; que los habitantes convienen en recibir en forma prorrateada dichas cantidades por concepto de ingresos de enero a diciembre de 2001 que será entregados para destinarlos a obras sociales, “lo que se realizará previo acuerdo entre las mismas comunidades, con el visto bueno del gobierno municipal y el comité que se integrará por las dependencias del gobierno instrumentado por el c. gobernador quien a su vez tomará en cuenta las prioridades sociales de sus comunidades”.

En el último punto, se hace hincapié en que una vez firmado el documento “los representantes de las comunidades se comprometen a entregar las instalaciones (…) a sujetarse al convenio y para el caso de conflicto buscar en cualquier momento la conciliación ya que es un convenio firmado de buena fe, pero para el caso de que no se llegara a acuerdo alguno se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del gobierno del estado”.

En respuesta al planteamiento de las autoridades para que firmen el convenio, uno de los representantes, José Luis Hernández Rosas, afirmó a El Sur que analizarán la propuesta pero que no aceptarán más mentiras y engaños del gobierno estatal.

“Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra posición y en lo que respecta a las irregularidades financieras y administrativas cometidas y que se evidenciaron con la auditoría, pedimos se aplique todo el peso de la ley; es el momento que con los recursos del parque nacional se hagan obras para nuestros pueblos”, dijo.