Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que este organismo no gubernamental presentará a la Secretaría de Gobernación otros diez casos de personas que se han acercado para solicitar que sean beneficiados por la ley de amnistía, entre éstos campesinos encarcelados por la siembra de amapola y mariguana.
Hace tres días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que se revisaban los casos de 368 presos políticos, e informó que otros 16 fueron puestos en libertad. En tanto la senadora Nestora Salgado entregó a mediados de diciembre una lista de 199 posibles amnistiados, pero no se dio a conocer en detalle, y en ella aparece el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Consultado por teléfono, el abogado indicó que hay tres listas de las propuestas que se han presentado a la Secretaría de Gobernación para sus análisis; una de la Senadora Nestora Salgado, otra de su compañero senador Félix Salgado, que no se ha dado a conocer, y otra que presentó Tlachinollan donde están los 18 presos del Cecop.
Sin embargo en los últimos días, otras personas se han acercado a la organización para solicitar que sus casos sean propuestos a Gobernación, como el profesor militante del PRD, y luchador social Máximo Mojica Delgado y su esposa María de los Ángeles Hernández Flores, detenidos el 27 de noviembre de 2008, cuando participaban en un movimiento por la vivienda, así como el activista Santiago Nazario Lezma. Además, otros siete productores de mariguana y amapola, del municipio de Petatlán, y que en algún momento militaron en algunas organizaciones campesinas, y cuyos nombres no reveló.
El abogado indicó que las listas son preliminares, además indicó que aún se discuten tres iniciativas sobre la ley de amnistía en el Congreso federal y el Senado, “no hay nada definido, se está en una etapa de análisis y nosotros hemos preguntado como para cuándo está, y nos dicen que es difícil establecer fecha”.
El abogado insistió en el caso de los presos del Cecop, que las autoridades del estado se han valido de todos los “artificios ilegales” para culparlos, incluso de la tortura que sufrieron los opositores por parte de la policía ministerial, sin que hasta ayer se lograra acreditar la responsabilidad de los presos.
Rosales Sierra recordó que también las familias del Cecop tienen cinco muertos, tres de ellos ejecutados de manera extrajudicial durante el desarme del 7 de enero del 2018, donde persiste un conflicto político social, derivado de la imposición de un proyecto hidroeléctrico, que rompió el tejido social.
Dijo que no tiene que ver el conflicto desde la óptica criminal, sino desde la lucha y la situación político-social, y que se tienen que investigar a las dos partes de la agresión del 7 de enero de 2018, donde hubo un total de 11 personas muertas, “que se investigue de manera objetiva, de manera imparcial, y no con tintes políticos para acallar voces opositoras al gobierno”.