Piden también incremento salarial de cinco por ciento otorgado a empleados federales, el magistrado Raúl Calvo no les ha respondido a sus demandas

Jorge Nava

Empleados administrativos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), cumplieron su anunció de protestar con los brazos caídos hasta las 3 de la tarde del viernes, sin que lograran algún acercamiento del presidente de ese órgano para responder a su demanda.

En copias que entregaron a reporteros de su demanda, los trabajadores argumentan que sin motivo ni causa y actuando contra la ley del servidor público, se les suspendió el concepto de calidad de vida.

Le piden al presidente del TSJE, Raúl Calvo Sánchez, que se haga efectivo el aumento del 5 por ciento que autorizó el gobierno federal para burocrátas con retroactivo al 1 de enero, el cual ya recibieron en la segunda quincena de febrero de este año, y ellas no lo reciben todavía.

Una de ellas explicó que recibieron información de que el presidente quería hablar con ella, sin la presencia del presidente de la Barra de Abogados, Ramón Almonte Borja, agrupación que apoya legal y moralmente a las quejosas.

Otra argumentó que información que recibieron de manera no oficial es que el TSJE adeuda 40 millones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que por esa razón les están descontando de su salario para pagar esa adeuda.

Según las trabajadoras, otra razón del descuento es que dinero del fondo que tiene el TSJE, se usa para la campaña del candidato a gobernador por el PRI, Héctor Astudillo Flores.

Por eso llamaron a Calvo Sánchez para que les dé una explicación por qué se les descontó.

Cuestionó que por qué ellos que ganan menos tiene que pagar esa deuda, cuando los jueces ganan 15 mil pesos, además de recibir, bonos, y a veces sin que se presenten a laborar.

Se observó que hubo desorganización de los manifestantes porque a la hora que comenzaron a trabajar algunos desconocían que otros decidieron parar labores. Hubo quejas de que los jueces los amenazaban con levantar actas en su contra. Sin embargo, esta versión la desestimó el juez quinto penal, Edmundo Román Pinzón, quien aseguró que los trabajadores estaban en su derecho, pero que tampoco dieran esa versión que confundía el movimiento.