Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron en la Ciudad Judicial de Tecpan y en la explanada del Ayuntamiento, para exigir a las autoridades justicia para los alumnos Freddy y Eugenio, uno de Tixtla y el otro de Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, quienes murieron atropellados en 2014 cuando un camión los golpeó mientras pedían cooperación en la carretera federal en Atoyac.
Los normalistas llegaron en un camión de la escuela y otro del servicio foráneo de la empresa Estrella de Oro.
Informaron que su protesta fue para exigir que se agilice la sentencia al acusado del asesinato de sus compañeros.
En la Ciudad Judicial expusieron que fueron “a ejercer presión” en la audiencia que se llevó a cabo en el interior del juzgado del Distrito Judicial de Galeana por la muerte de los dos estudiantes hace tres años cerca de la comunidad El Ciruelar, donde fueron embestidos por un tráiler.
Más tarde los dos autobuses trasladaron a los estudiantes al Zócalo de la ciudad, donde entregaron volantes a los vecinos, en los que manifestaban su exigencia para que se haga justicia.
La llegada de los alumnos provocó que las autoridades del Ayuntamiento cerraran el edificio y las oficinas aledañas, como la de agua potable, el DIF y Transito, así como el retiro de los autos oficiales.
Una vez que finalizaron la entrega de volantes los normalistas se apostaron en el monumento a Hermenegildo Galeana en el centro del Zócalo, para lanzar consignas en contra de los gobiernos federal y estatal.
Exigieron también la presentación con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la Normal, Samuel Carranza Nava dijo que el propósito principal de su traslado a Tecpan fue exigir justicia a sus compañeros asesinados hace más de dos años, “tiempo durante el cual no hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y vemos que hasta ahora no se hace justicia”.
En el documento que entregaron, señalan que desde que asumió el cargo de gobernador Ángel Aguirre Rivero en 2011 inició una campaña de criminalización contra los normalistas de Ayotzinapa, para estigmatizarlos como violentos y delincuentes.