El subprocurador tiene una orden de aprehensión y dos recomendaciones de la CNDH por el caso de José Ramón García, señala José Martínez

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Organismos civiles de derechos humanos revivieron ayer el caso de la desaparición del dirigente del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de Morelos, José Ramón García, y exigieron castigo para el subprocurador de Justicia de Guerrero, Antonio Nogueda Carvajal, a quien señalan como uno de los responsables.

El caso se tocó durante una conferencia de prensa, donde organizaciones de derechos humanos reiniciaron la campaña para que la desaparición forzada sea tipificada como delito, en la que estuvo el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, uno de los organismos que han seguido de cerca el caso.

Y es que la desaparición de José Ramón, ocurrida en 1988, fue presentada como un caso “típico de impunidad” debido a que de los agentes de la Policía Judicial que participaron en su desaparición sólo dos se encuentran presos, mientras que “su jefe”, el ex director de la Policía Judicial de Guerrero, Antonio Nogueda Carvajal, se encuentra libre y ocupa el cargo de subprocurador de Justicia de Guerrero, denunció Martínez Cruz.

Indicó que ello a pesar de que hay una orden de aprehensión en su contra y dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el caso se investigue y se castigue a los responsables.

El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos recordó que incluso en 1991, cuando agentes de Policía Judicial Federal pretendían ejecutar la orden de aprehensión contra Nogueda Carvajal, el helicóptero se accidentó en el paraje conocido como Corral de Piedra, en la sierra de Guerrero, causando la muerte de cuatro agentes, “desde entonces nosotros pensamos que no se trataba de un simple accidente”, dijo Martínez Cruz.

Agregó que es posible que algunos agentes de la PGR hayan filtrado la información y que el helicóptero haya sido derribado para evitar que los agentes cumplieran con la orden.

“Posteriormente nos enteramos que Nogueda Carvajal era secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, y nos sorprendimos después cuando fue designado subprocurador de Justicia de Guerrero”, indicó el representante del organismo de derechos humanos de Morelos.

Agregó que el ahora subprocurador de Justicia ha dicho que cuenta con un amparo de la justicia federal y que el delito ya prescribió, “pero la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y no prescribe”, recordó Martínez Cruz, quien dijo que no se actúa en este caso por la impunidad que existe sobre estos hechos.

Informó que sobre el caso están las recomendaciones 05 y 06 de 1990, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se pide al gobierno de Morelos que el caso se investigue y que se detenga y castigue a los responsables, pero no se ha cumplido.