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Martes 23 de Abril de 2024

Guerrero, México

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Reanuda disparos Tecuiciapan tras retiro de la Guardia y policía, denuncia San Agustín Oapan

Habitantes de los dos lugares mantienen cerradas las entradas y salidas de sus respectivos pueblos a la carretera Xalitla-San Juan Totolcintla, que comunica a más de 20 comunidades asentadas en los márgenes del río Balsas

Zacarías Cervantes Chilpancingo

Noviembre 09, 2020

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El sábado, pobladores de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, volvieron a realizar disparos contra el pueblo vecino de San Agustín Oapan, con quienes tienen un conflicto agrario por más de 3 mil hectáreas de tierras y que resurgió el jueves pasado.
El jueves, pobladores de San Agustín Oapan, entraron a una franja de las tierras en disputa y quemaron la Preparatoria Popular y algunas casas, mientras que los comuneros de San Miguel Tecuiciapan los repelieron a balazos. En el tiroteo hubo dos heridos, uno de ellos el comisario municipal de San Agustín Oapan, Darío Marcelo.
Pobladores de ambos lugares informaron ayer por teléfono y por Whasapp que la Policía Estatal y la Guardia Nacional que llegaron el jueves estuvieron sólo ese día y se retiraron.
Esto alentó a pobladores de San Miguel Tecuiciapan y el sábado reiniciaron los tiroteos hacia el pueblo vecino.
La reanudación del conflicto ocasionó que los pobladores de los dos lugares mantengan cerradas las entradas y salidas de sus respectivos pueblos a la carretera Xalitla-San Juan Totolcintla, que comunica a más de 20 pueblos de los municipios de Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan y Huitzuco, la mayoría asentados en las márgenes del río Balsas en la zona de Mezcala.
Por el mismo conflicto, ese tramo carretero ya estuvo bloqueado de marzo de 2015 a septiembre de 2018, cuando, igual, quedaron incomunicadas entre sí esas localidades.
Autoridades agrarias de San Agustín Oapan informaron ayer que después de los hechos del jueves cuando los comuneros de ese lugar quisieron “recuperar las tierras que les pertenecen”, no hay la intervención de las autoridades estatales o federales.
Informaron que el jueves después de las acciones de violencia llegaron policías estatales y agentes de la Guardia Nacional pero que sólo estuvieron ese día y se retiraron, lo que originó nuevas agresiones el sábado, y que los riesgos de violencia siguen.
San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, se disputan una extensión de 3 mil 130 hectáreas, aproximadamente, a pesar de que ya existe una resolución de fecha 26 de noviembre de 1997 que favorece a San Agustín Oapan, pero las tierras las tiene en posesión San Miguel Tecuiciapan.
Autoridades agrarias intentaron ejecutar dicha sentencia en marzo de 2015, sin embargo, el intento le costó un muerto y dos heridos a San Agustín Oapan y los comuneros de este núcleo agrario respondieron con la retención de 12 comuneros de San Miguel Tecuiciapan en la comunidad de Analco, anexo de San Agustín Oapan.
Los comuneros permanecieron encerrados en la comisaría municipal más de ocho días hasta que, paulatinamente, con la intervención de funcionarios estatales y federales, fueron liberados.
La tarjeta agraria refiere que el conflicto se agravó a partir de 1987 por la disputa de 3 mil 130 hectáreas de tierras, mismas que están en posesión de San Miguel Tecuiciapan y las reclama como suyas San Agustín Oapan.
Las autoridades agrarias de San Miguel Tecuiciapan argumentan que cuentan con una resolución del presidente Gustavo Díaz Ordaz, (1964-1970) mediante la cual les entregó esa franja de tierras que se ubica entre los dos núcleos agrarios.
A raíz del diferendo se estableció un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1987, y en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de julio de 1995, mediante el que inició “procedimiento de conflicto por límites de tierra” entre estas dos comunidades.
El 17 de junio de 1996, la representación de la ya desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), remitió el expediente al Tribunal Unitario Agrario (TUA 12) de Chilpancingo, para efecto de que se emitiera la resolución correspondiente.
El 26 de noviembre de 1997, el TUA-12 dictó sentencia definitiva en el expediente agrario 364/96, en la cual determinó que 3 mil 130 hectáreas corresponden a San Agustín Oapan. Sin embargo, no se ejecutó la resolución por oposición de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.
El expediente fue turnado al TUA-51 de Iguala mismo que se radicó bajo el número 11/2011, para que se revisara el caso y diera cumplimiento a la sentencia.
El expediente establece: “que se reconoce y titula en la vía de conflicto por límites a la comunidad de San Agustín Oapan una superficie de 3 mil 130 hectáreas, misma que se agregará a la reconocida y titulada en resolución presidencial del 27 de agosto de 1985.
El TUA de Iguala dictó una nueva resolución en el expediente 11/2011, en el que resuelve entregar el 26 de febrero de 2014 sólo 2 mil 717 hectáreas del total de las 3 mil 130 hectáreas a San Agustín Oapan, ya que esas hectáreas resultaron de los trabajos técnicos topográficos que realizó dicho Tribunal.
En consecuencia, se emitió un acuerdo el 29 de abril del 2014, en el que se especifica que ambas comunidades respetarían sus limitaciones por lo que el Tribunal realizó un “caminamiento” para delimitar las tierras, ubicar mohoneras y entregar la tierra a San Agustín Oapan.
El14 de marzo de 2015, los comuneros de San Miguel Tecuiciapan acudieron a revisar los trabajos que realizó el actuario del TUA-51, y a ubicar las mojoneras que dividen a los dos núcleos agrarios, cuando ocurrió el enfrentamiento entre comuneros de San Miguel Tecuiciapan y de Analco, en el que resultó un comunero de Analco muerto, y dos heridos uno de cada pueblo.
Esa vez, 12 comuneros de San Miguel Tecuiciapan fueron retenidos en la cárcel de Analco, y liberados paulatinamente hasta el 24 de marzo. Fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Tixtla para que declararan por los hechos violentos del 14 de marzo, pero horas después fueron liberados.
El gobierno estatal nombró una comisión de seguimiento al problema, coordinada por la Secretaría de Gobierno, pero con el paso del tiempo se extinguió, mientras el riesgo de violencia siguió latente hasta que volvió a detonar el 5 de noviembre pasado.