Indígenas nahuas de 23 pueblos de Chilapa volvieron a bloquear el sábado la carretera Chilapa-Hueycantenango, en el crucero de Alcozacán, porque recibieron amenazas del grupo delictivo Los Ardillos, y porque los gobiernos federal y estatal no cumplieron con enviar a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal para garantizar la seguridad.
El bloqueo comenzó el 21 de diciembre tras el asesinato de las indígenas María Agustín Chino y Amalia Morales Guapango, así como los esposos de éstas, los hermanos José Benito y Miguel Migueleño, ocurrido el 19 de diciembre en el punto conocido como La Herradura de la carretera Chilapa-Atlixtac.
Los cuatro eran originarios de Alcozacán, municipio de Chilapa, de donde eran los 10 músicos asesinados, torturados, y cinco de ellos quemados en la camioneta donde viajaban, el 18 de enero del año pasado.
El 27 de diciembre acudieron al lugar del bloqueo funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezados por el delegado en Guerrero, Fernando García, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y se reunieron con los indígenas que participan en la protesta, con quienes se comprometieron a enviar a efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para garantizar la seguridad en sus pueblos.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, denunció ayer que la operación de seguridad llegó al día siguiente de la reunión, pero los efectivos se regresaron dos días después porque condicionaron su estancia a que los indígenas levantaran el plantón, aun cuando ya no estaban bloqueando la carretera como fue el compromiso en la reunión.
Informó que los indígenas volvieron a bloquear la carretera a partir de este sábado 2 de enero debido a que recibieron amenazas del grupo delictivo.
“Se cerró otra vez la carretera por la amenaza de Los Ardillos de que iban a entrar a nuestros pueblos y porque la Guardia Nacional y la Policía Estatal permite que sigan operando en Chilapa y
Atzacoaloya, donde se siguen moviendo libremente, mientras que nuestros compañeros no pueden llegar a esos lugares”, dijo Plácido Galindo.
Agregó que el temor es que sigan levantando y asesinando a los indígenas de las 23 comunidades que no se han querido someter a ese grupo criminal.
Denunció que “es claro” que las autoridades de los tres niveles de gobierno “son cómplices” del grupo delictivo porque los dejan actuar y no han detenido a los responsables de los 28 asesinatos que han ocurrido desde 2019. Los más recientes, los cuatro del 19 de diciembre pasado.
“Eso a nosotros nos preocupa porque no nos están garantizando nada, es una burla, no es posible que al gobierno no le preocupe lo que está pasando en la zona nahua y ni siquiera digan nada y estén callados”, declaró el dirigente del Cipog- EZ.
Denunció que en vez de brindarles la seguridad que piden, el presidente municipal de Chilapa. Jesús Parra García, “está comprando a los comisarios municipales; les está ofreciendo a los de algunas comunidades recursos para sus pueblos, cuando lo que queremos es seguridad y castigo a los responsables de los asesinatos”, dijo.
Añadió que eso también molestó a la gente de los pueblos y decidieron volver a bloquear la carretera.
“Ellos (los del gobierno) nos piden que quitemos el plantón, cuando los tres niveles de gobierno no nos han dado resultados, quieren que los pueblos indígenas se callen como si no hubiera pasado nada, eso demuestra la complicidad de los tres niveles de gobierno con el grupo delincuencial que asesinó a nuestros compañeros”, reprochó.
Advirtió que el plantón y el bloqueo van a continuar hasta que comiencen las detenciones de los responsables de los 28 asesinatos cometidos desde 2019, así como el desarme y el repliegue de los miembros del grupo delictivo que opera en Chilapa y Atzacoaloya donde los indígenas de los 23 comunidades que participan en la protesta no pueden ir porque son levantados o asesinados.
Anunció que a partir de este lunes realizarán bloqueos en otras carreteras de la región de la Montaña y de la Costa Grande, aunque no precisó en qué tramos, para denunciar la omisión y la complicidad de los tres niveles de gobierno con el grupo delictivo que opera en esa zona de la Montaña Baja.