La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.