Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A más de siete años del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no ha entregado 71 viviendas a familias damnificadas por esos meteoros en la colonia El Patenco de Coyuca de Benítez.
Derivado de ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación CNDH/6/2020/10058/Q que se integró por una queja que presentaron las familias damnificadas, informó ayer vía telefónica un representante de éstas quien proporcionó vía correo electrónico copia del expediente.
En la recomendación, la CNDH emplazó a la Sedatu a que entregue las viviendas a más tardar el 30 de septiembre de este 2021, asimismo que colabore para presentar las denuncias ante el órgano interno de la dependencia y ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que incurrieron en irresponsabilidades y se emitan las sanciones correspondientes.
La recomendación de la CDNH de fecha 16 de diciembre, establece que el 6 de septiembre de 2018 inició de oficio el expediente derivado de una nota informativa que hicieron llegar al organismo, en la que se señaló la omisión de la entrega de las 71 viviendas por parte de la Sedatu a las familias damnificadas durante la ocurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos Manuel e Ingrid, “no obstante que previamente fueron censadas y consideradas en el presupuesto del Fonden”.
Explica que el gobierno federal a través del Fonden autorizó a la Sedatu atender la contingencia, aprobando, “para el caso que nos ocupa, la ejecución de 71 acciones de vivienda por reubicación en la colonia El Patenco, municipio de Coyuca de Benítez”.
Refiere que el Fonden emitió el padrón definitivo de beneficiarios, cuyas viviendas se diagnosticaron con daño para reubicación.
El expediente menciona que el 27 de febrero de 2014, la Sedatu firmó el contrato con la constructora (no se precisa la razón social) que se encargaría de la edificación de 117 viviendas, y que la empresa se obligó a construirlas en 90 días naturales, con fecha de inicio el 3 de marzo y de terminación el 31 de mayo de ese mismo año.
Sin embargo, la empresa incumplió con el contrato, sin precisar las causas, “lo que dio origen a la terminación anticipada del mismo”, puesto que construyó solamente 46 y dejó pendientes las 71.
De acuerdo con el expediente, el 29 de septiembre del mismo 2014, la Sedatu firmó un segundo contrato con otra constructora, pero éste tuvo modificaciones el 17 y 24 de marzo de 2016, sin que nuevamente se cumpliera con la construcción de las viviendas.
Mientras tanto, el representante de los vecinos informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el fraccionamiento el 10 de mayo del 2016 por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Dijo que las 71 viviendas se construirían en una hectárea 400 metros cuadrados.
De acuerdo con el expediente de la CNDH, hasta el 16 de diciembre pasado, de las 71 viviendas de 48 metros cuadrados cada una, 44 se encontraban en acabado final, 25 en terraplenes con desplantes, y sólo una con paredes y piso.
Derivado de ello, en su recomendación emitida a la Sedatu, la CNDH pide el ingreso de las 71 familias que no han recibido sus viviendas al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), “a través de la noticia de hechos de la presente Recomendación acompañada con el formato único de declaración emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de que se otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño previstas en la Ley General de Víctimas, y remita a esta Comisión Nacional las pruebas de cumplimiento correspondientes”.
Asimismo, pide que se proceda con la inmediata reparación del daño ocasionado a las 71 victimas “con motivo de la vulneración del derecho a la vivienda, a través de la compensación económica, de conformidad con el dictamen que al efecto emita la CEAV, la cual deberá ser proporcional y apropiada a la gravedad de las violaciones sufridas”.
También plantea que se debe tener una coordinación interinstitucional subsidiaria y complementaria hasta el otorgamiento de la misma.
Pide en otra de sus recomendaciones que se realicen todas las medidas necesarias de carácter legal, administrativo y de recursos financieros, para que esa dependencia federal, a más tardar el 30 de septiembre de 2021, concluya los trabajos de construcción de nuevas viviendas para las 71 familias, “en un sitio no inundable y dentro de un área urbanizada de Coyuca de Benítez”.
Además exige que se adopten las medidas para asegurar la “significativa participación de las víctimas”, en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos tanto a la localización del terreno, como a la orientación, diseño, construcción y terminado de las viviendas y demás actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre las mismas, y se envíen las constancias que acrediten su cumplimiento”.
La CNDH pide, por otra parte, que se asegure que las viviendas sean entregadas con escritura pública a todas las víctimas, que garantice la seguridad de la tenencia, y cuenten con los servicios públicos urbanos básicos para cumplir con los requisitos de una vivienda adecuada, de conformidad con los estándares internacionales.
Demanda, además, a la dependencia federal que se realice la remoción total de las instalaciones y las estructuras que conformaron el conjunto habitacional El Patenco, incluyendo la demolición de las viviendas, la reutilización o disposición de sus accesorios, así como el completo retiro de materiales y residuos generados.
Pide también la colaboración para la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en la Sedatu y para la presentación y seguimiento de la denuncia ante la FGR, en contra de los servidores públicos por los delitos en que hubieran incurrido al construir las viviendas en una zona de alto riesgo para las personas damnificadas, así como por la irregular adjudicación de viviendas.