Beatriz García

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.