Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ejidatarios de El Carrizal, municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron que la delincuencia organizada sigue saqueando la madera de su núcleo agrario y a pesar de que desde hace dos años presentaron la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la dependencia no ha intervenido.
Mediante un mensaje vía Whatsapp explicaron que en la deforestación de sus bosques participan la delincuencia organizada y la “delincuencia institucional” y que han sido amenazados para que ya no sigan con sus denuncias.
Llamaron a que “se detenga el robo” de madera y denunciaron que funcionarios de la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del Gobierno del estado, “son cómplices de los saqueadores clandestinos”.
Según sus datos, desde el 2016 a lo que va de este año, han devastado una superficie de mil 280 hectáreas, y un volumen de más de 70 mil metros cúbicos, lo que arroja una cantidad de 60 millones de pesos, “pero lo que más nos duele es el daño ambiental incuantificable”.
Según los ejidatarios, tienen los documentos de las denuncias que han enviado desde hace dos años, una de ellas incluso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Los otros oficios los han enviado a la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera; a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, y al titular de la Semaren, Ángel Almazán Juárez, “quienes han hecho caso omiso a nuestras denuncias”.
Los ejidatarios reprocharon que los funcionarios “no hacen nada, o no han hecho nada para detener la tala clandestina de los bosques, más bien actúan como dirigentes de la delincuencia organizada desde sus oficinas en complicidad con los talamontes, por lo que los hacemos responsables de cualquier atentado en nuestra contra”.
Denunciaron que derivado de las denuncias que han hecho ante las distintas dependencias federales y del estado, han recibido amenazas de muerte de personas desconocidas, pero que suponen vienen del grupo delictivo que protege a las empresas madereras que se está beneficiando del bosque.
“Este problema que se vive en este ejido lo viven otros núcleos agrarios de la Sierra de Guerrero, pero algunos por temor han decidido callar, otros se han levantado en armas para defender su madera, lo que ha ocasionado muertes y desplazamiento de familias”.
Explicaron que amplias zonas de su núcleo agrario sólo han quedado los troncos de árboles de pino, de diámetros de 40 hasta 120 centímetros de grosor, “derribados sin el permiso correspondiente de las autoridades federales, principalmente en las orillas de las brechas donde es más fácil y rápido hacer la tala clandestina y el acarreo de madera, que es llevada a los aserraderos de la Costa Grande y Michoacán”.
Los ejidatarios explicaron que para borrar las evidencias del saqueo recurren en esta temporada a provocar incendios en las áreas forestales, “lo cual altera todavía más el equilibrio ecológico, provocando la modificación del suelo y desaparición de madrigueras de pequeños animales salvajes”.
Llamaron a las autoridades federales y estatales que intervengan y detengan la tala clandestina que sigue ocurriendo en estos días, “ellos (los funcionarios) ya tienen antecedentes del caso, han recibido nuestras denuncias por escrito y saben de qué estamos hablando”.
Aseguraron que cuando ellos aprovechan sus bosques de manera racional, con los permisos correspondientes, han construido puentes, escuelas, centros de salud, apertura y rastreo de caminos, iglesias, compran maquinaria pesada para realizar obras sin el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo denunciaron que ahora están impedidos de aprovechar sus propios recursos naturales por la delincuencia organizada y la “delincuencia institucional”.