Lourdes Chávez

Chilpancingo

La feminista María Luisa Garfias Marín consideró que se actuó con retraso en la detención del suegro de la niña Angélica, forzada a contraer matrimonio a los 11 años en Cochoapa El Grande y detenida por la Policía Comunitaria de Dos Ríos a los 15, para obligar a su familia a devolver el dinero de recibió su papá por entregarla a esa unión.
De la asociación civil Mujeres de Tlapa, Erika Jazmín Garrido Lara opinó que es un mensaje para las comunidades que mantienen como usos y costumbres los matrimonios forzados e infantiles, pero advirtió que debe haber seguimiento a las víctimas ante probables represalias, “porque en los pueblos no olvidan”.
La activista de derechos humanos, Marina Reyna Aguilar denunció que sólo con la presión mediática que tuvo el caso las autoridades reaccionaron y detuvieron a un agresor, cuando es un delito que deben resolver de oficio.
En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que detuvo a Rutilio “N”, suegro de la menor de edad por violación contra la misma niña, y anunció que se va a integrar una averiguación previa por trata de personas, por el acuerdo monetario que tuvo con el papá de Angélica de casarla por usos y costumbres.
El caso trascendió el 11 de octubre, después de la mamá de Angélica sufrió en la madrugada un aborto en la comandancia de la Policía Comunitaria Dos Ríos, en Cochoapa El Grande, cuando su hija mayor llevaba 11 días detenida. La adolescente denunció entonces que su suegro trató de forzarla.
Ahora se sabe que lo hizo, al no dejarse más, la corrió y exigió la devolución del dinero de la boda.
En consulta telefónica, Garfias Marín dijo que desde que se conoció el caso, activistas solicitaron la intervención inmediata de la Secretaría de la Mujer, de la Comisión Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Fiscalía General del Estado para la atención de las víctimas, y para que se abriera una investigación y detuviera a los responsables.
Luego supo que funcionarios del gobierno del estado y de la Fiscalía fueron a la comunidad en La Montaña alta y consiguieron la libertad de la niña. La mamá ya se encontraba en atención en el hospital general de Ometepec, “preguntamos si había detenidos y nos dijeron que no”.
Se congratuló de que haya un detenido, para no generar más impunidad y complicidad en los hechos, y preguntó qué pasó con el comandante de la Policía Comunitaria que, según la primera versión, jaloneó a la mamá de Angélica y le provocó el aborto de trillizos, pero no hubo respuesta.
Expuso que incluso si no hubo agresión y la mamá tuvo un aborto espontáneo, debe hacerse una investigación que esclarezca lo acontecido, porque ella también es una víctima, vendida desde niña.
Insistió en que las autoridades debieron investigar de inmediato y determinar si los señalados eran responsables o no, porque ahí estaban todas las personas involucradas, y esta práctica no sólo ocurre en los pueblos originarios, también en la sierra y en la ciudad, “hay familias que explotan a sus hijas”.
Demandó una promoción de diálogo con las autoridades comunales para sensibilizarlos y decirles que el matrimonio forzado es un delito, y que se tiene que actuar conforme a la ley.

Las rencillas no se olvidan tan fácilmente

Por separado, Erika Garrido dijo que preocupan las probables represalias contra la familia de la víctima y contra la niña Angelica, porque en la comunidad han mantenido los usos y costumbres de bodas acordadas por mucho tiempo.
Explicó que las rencillas no se olvidan tan fácilmente, “la represalia no va a suceder obviamente ahorita, (pero) son cosas que no se olvidan en las comunidades, y que podrá traer consecuencias graves para la víctima”.
Por otro lado, Reyna Aguilar señaló que hay una reacción presión ante la presión social en un caso que debe resolver de oficio. “Como es un asunto que está en los medios, que ha lacerado mucho la dignidad de la sociedad, hay una presión hacia las instituciones”.
Confió en que la Fiscalía no suelte el hilo de la investigación hasta que haya una sentencia, porque es común que los agresores queden libres “por falta de pruebas o lo que sea”.
Ahora que los gobiernos del estado y municipales están comenzado su gestión, deben implementar medidas de no repetición a través de los Sistemas para Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres, planteó.
“Creo que es importante que se capacite al personal en los Ayuntamientos en este tema, porque parece que falta información que deberían tener para ir erradicando estas malas prácticas, pero no la tienen”, advirtió.

Indignan y duelen en Ayutla feminicidios de Irlanda y Ester

Las colectivas de la Costa Chica Feminismo Comunitario y del Observatorio Comunitario de Violencia Contra las mujeres expresaron en un comunicado el dolor y la indignación que han provocado en el municipio los feminicidios de Ester, una adolescente de apenas 16 años y su hermana Irlanda, de 19, además de la tentativa de feminicidio en agravio de su madre.
De la agresión que ocurrió la madrugada de este lunes agregaron que la hermana menor, de nueve años, vive en estado de shock por haber presenciado los asesinatos.
Por estos delitos exigieron una investigación con estándares nacional e internacional de la debida diligencia aplicada a los casos de feminicidio, y que el proceso judicial incluya y reconozca el derecho a la reparación del daño para la madre y la hermana menor de las dos víctimas.
Que el caso sea atraído por la Fiscalía Especializada de Atención a la Violencia Familiar y Sexual y que las autoridades del orden federal, estatal y municipal unan esfuerzos para la búsqueda del feminicida prófugo, sin simulaciones.
Convocaron a las mujeres de Ayutla a articularse en redes de apoyo para continuar un trabajo de denuncia, prevención y erradicación de la violencia en comunidades y colonias.
Recordaron que la violencia feminicida “aniquila nuestra vida, nuestros sueños, nos afecta, física, espiritual y emocionalmente”.