Luego de que el martes y miércoles hubo jaloneos para la toma de posesión en el Centro Canino y Felino de Chilpancingo, el nuevo director Israel Ramírez Molina y la encargada Alejandra Ortiz Ochoa pactaron que dentro de tres meses se entregará la perrera municipal.
Por separado, en conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital, integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero exigieron al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena que retome el control de la perrera municipal, que desde la administración pasada se convirtió por deseo de su directora Ortiz Ochoa en un albergue canino y dejó de cumplir con sus obligaciones básicas, que son el control de perros y gatos callejeros.
Por la mañana, los nuevos encargados del centro canino acudieron a las instalaciones y, de acuerdo con Ortiz Ochoa, rompieron los candados para intentar meterse, lo que ocasionó que nuevamente hubiera algunos jaloneos y discusiones.
Ramírez Molina dijo que necesitan tomar posesión del inmueble para hacer campañas de esterilización de perros y gatos. Además, anunció que los perros que se encuentran en el centro canino y “tengan alguna enfermedad tendrán que ser sacrificados con una sobredosis de anestesia”.
Por su aparte, Alejandra Ortiz y su hija pidieron a las autoridades que les permitan sacar a los 187 perros que tienen en el centro y les den tiempo de buscar un terreno para instalarlos, “queremos que nos den tres meses para sacar a todos, y ya ustedes se quedan con sus oficinas”, dijeron.
En el lugar se firmó una minuta de acuerdos para que el 1 de enero la encargada del centro canino entregue las instalaciones.
Por separado, en el SNRP integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero dijeron que la razón de la sobrepoblación callejera de perros y gatos es la falta de campañas gratuitas de esterilización, y que la señora Alejandra Ortiz dejó de hacerlas por su desconocimiento del tema, además de sorprender a vecinos de buena fe que creían en su trabajo, algunos fueron a apoyar, pero al percatarse de la verdad no regresaron.
Una integrante de la red, Araceli Peralta, pidió a Leyva Mena que se designara en el centro canino a un veterinario, “que sea solidario con la causa animalista y que tenga como objetivo transformar esa perrera en una clínica de bienestar animal”.
Dijo que es inconcebible que Ortiz Ochoa se niegue, contradiciendo su postura como supuesta protectora y aferrándose a un cargo de confianza por el que le han pagado, aunque siempre lo ha negado para solicitar recursos a los vecinos.
Araceli Peralta dijo que los problemas de los perros y gatos son muchos, porque los perros que son atropellados se descomponen en las calles, como ocurrió con uno frente al Tecnológico, y los que fueron envenenados en las colonias Colibrí y Atlitenco de Altamira, casos en los que la encargada no intervino porque se asume sólo como protectora y no como autoridad.
La integrante de la red dijo que Ortiz Ochoa argumentó que el alcalde ordenó el sacrificio de los perros que ahí viven, lo que es falso, y la red jamás lo permitiría; esa campaña difamatoria la inició desde que supo que no sería ratificada y en su lugar se nombraría a veterinarios comprometidos con la causa animalista.
Las integrantes de la red exigieron que se concrete el cambio de autoridad y se inicien las campañas de esterilización en colonias y comunidades, y que se promocione la adopción de mascotas.