Además de tres causas penales que la mantienen en la cárcel y tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, existen tres averiguaciones previas en integración contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, informó la abogada defensora Amanda Rivero.
En consulta telefónica dijo que no tienen datos de las nuevas denuncias, pero supieron de ellas a través de fuentes oficiales en reuniones de trabajo.
En otro tema, precisó que la única posibilidad de que la luchadora social salga de manera inmediata de prisión es que el gobierno del estado, a través de la Fiscalía General, se desista de las tres causas penales que están en proceso por secuestro, y de las tres órdenes de aprehensión que siguen sin notificarse formalmente a Salgado García, sobre homicidio calificado, robo y privación ilegal de la libertad.
Sin embargo, precisó que esa posibilidad depende sólo de la voluntad política de las autoridades estatales. En tanto, la defensa continúa la ruta jurídica.
Al respecto informó que cuando el despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos asumió la defensa, a principio de 2015, acreditó la nacionalidad México-estadounidense de Nestora Salgado, para evidenciar que en cuanto la aprehendieron en agosto de 2013 en Olinalá no se informó a la embajada norteamericana, ni su defendida recibió la asistencia consular a la que tenía derecho.
Por eso se solicitó la nulidad absoluta de la causa penal 5/2014, que permitiría a los abogados reanudar todo el procedimiento, pero la jueza primera de Tlapa desechó el recurso, que se llevó a segunda instancia a una sala penal en Chilpancingo y se espera que sea resuelto en pocos días.
Asimismo indicó que la defensa promovió una prueba pericial de antropología jurídica para demostrar que los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas normativos, así como las condiciones que dieron origen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la que pertenece la Policía Comunitaria de Olinalá, y a sus mecanismos de seguridad y justicia que están amparados en la Constitución y en la ley estatal 701.
También impugnaron dos pruebas de perificiales de sicología que promovió la Fiscalía General de Estado, y que la Suprema Corte ha señalado como ilegales. Aclaró que pruebas sobre conducta como las que solicitó la Fiscalía sólo se pueden hacer bajo el consentimiento de los implicados.
De los interrogatorios a testigos y presuntas víctimas recordó que no se han presentado a seis citatorios, que por exhorto se hacen en los juzgados del penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Denunció que quienes se dicen agraviados han sido omisos y justifican su inasistencia diciendo que no tienen dinero para los traslados.
Sin embargo, señaló que tampoco se presentaron en las audiencias que los juzgados de Tlapa quisieron desahogar mediante videoconferencias en Olinalá.
No obstante, aclaró que diferentes instancias incluida la Judicatura federal ya reconocieron que no existen medios para que los careos se lleven a cabo a distancia.
Informó que a partir del próximo 28 de enero se programaron de nueva cuenta las audiencias, durante una semana, para cerca de 50 testigos y presuntas víctimas, en los juzgados del penal de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México, y en cada vez Salgado García debe ser trasladada de la torre médica del penal de Tepepan, donde está confinada desde mayo pasado.
Por otro lado, informó que también se espera respuesta del incidente de libertad en una sala penal del Tribunal Superior de Justicia, para que se tome en consideración una sentencia de un juez de distrito que anuló una orden de aprehensión contra Salgado García, por delincuencia organizada en el fuero federal, por los mismos hechos que es acusada de secuestro en el fuero común, en el entendido de que no puede haber dos juicios por los mismos hechos, y alcanzaría su libertad.
La abogada aclaró que este incidente debería repercutir en las dos causas penales por secuestro, pero no implicaría su libertad por las tres órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, y las autoridades judiciales podrían aplicarlas cuando salga de prisión.
Sin embargo, añadió que ya impugnaron las órdenes de aprehensión en un juicio de un amparo que promovieron en la Ciudad de México, y se espera que el juez determine si son procedentes o no.
En este caso, recordó que mediante un amparo solicitaron información a los jueces de Guerrero sobre nuevas órdenes de aprehensión. Una vez que se confirmó su existencia las impugnaron en el mismo juicio en una ampliación de la demanda.
Aclaró que también este proceso está en vías de resolverse, y tras la audiencia constitucional que se fijó para el 5 de febrero, el juez tiene tres meses para resolverlo.