Pobladores de unas 30 comunidades del municipio de Chilapa se organizan para echar a 200 hombres armados del grupo criminal de Los Ardillos que desde el 19 de diciembre pasado mantienen rodeados los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla e impiden salir a los habitantes.
Vía telefónica, uno de los pobladores de la primera comunidad, denunció que las autoridades no han hecho caso a su llamado para que desalojen a los civiles armados que se mantienen cerca de Zacapexco.
Dijo que, por el contrario, el grupo de hombres armados impidió que militares y policías estatales asumieran el control el 26 y 27 de diciembre y que las fuerzas federales y estatales fueron replegadas por los civiles que portan armas de alto poder.
La fuente admitió que los civiles armados no han entrado a los pueblos y que tampoco han agredido a los pobladores pero que su presencia inhibe a los vecinos que temen salir de sus pueblos a realizar sus labores del campo o a viajar a otras localidades de la zona o a las cabeceras municipales de Chilapa o de José Joaquín de Herrera que tiene cabecera en Hueycantenango.
El representante de Zacapexco dijo que la intención de los integrantes del grupo armado es controlar el corredor de Chilapa a José Joaquín de Herrera en donde tiene presencia la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que encabeza Jesús Plácido, hijo de Cirino Plácido Valerio.
Debido a la desatención de las autoridades federales y estatales a su llamado, informó que desde el domingo pasado comenzaron las pláticas de las autoridades y los representantes de unos 30 pueblos que se encuentran asentados en ese corredor, la mayoría del municipio de Chilapa para desalojar a los civiles armados que llegaron a esa zona de la comunidad de Xiluxuchican.
La fuente aseguró que los integrantes del grupo de civiles armados se encuentran presionados por el grupo criminal de Los Ardillos, “la mayoría de ellos son amenazados y presionados para que bajen a realizar guardias y controlar la zona”, dijo.
Contó que la gente de las comunidades se siente amenazada y que no se siente con libertad para salir y entrar a sus comunidades por lo que han comenzado a organizarse para apoyar a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Rincón de Chautla y echar a la gente de los Ardillos que quiere apoderarse de la zona.
Informó que la Policía Comunitaria no ha intervenido porque busca el respaldo de los pueblos de la zona y que esto lo están decidiendo a través de las asambleas de los pueblos para que la acción se realice de manera conjunta y se evite primero un derramamiento de sangre.
Sin embargo, advirtió que si los civiles armados no se retiran de la zona a petición de las autoridades de los pueblos, quienes primero buscarán el diálogo, la Policía Comunitaria actuará para retirarlos con el respaldo de los pobladores.
Los habitantes de las comunidades indígenas nahuas de Zacapexco y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, denunciaron el 25 de diciembre que no han podido salir hacia la cabecera municipal desde el 19 de diciembre, porque los integrantes de ese grupo armado mantienen rodeada la zona y temen ser secuestrados en el camino.
En una llamada telefónica, los pobladores denunciaron que los habitantes solicitaron la presencia del Ejército para reforzar la seguridad, pero se quejaron de que ninguna autoridad había acudido a auxiliarlos, a pesar de que habían cumplido ocho días rodeados por los integrantes de ese grupo armado.
El 28 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado (SSP), dio a conocer mediante una ficha informativa que efectivos del Ejército y de la Policía Estatal que acudieron a Rincón de Chautla, donde vecinos denunciaron que estaban sitiados por 200 civiles armados, “se retiraron porque éstos, que pertenecen al grupo Paz y Justicia, les exigieron que se fueran porque dijeron que no es necesaria su presencia en esa comunidad”.
Ayer, los vecinos denunciaron que sigue la presencia de los hombres armados en el camino que va hacia Rincón de Chautla y a Zacapexco, y que permanecen desde el 19 de diciembre y que impiden el paso de los comerciantes que venden sus productos en ambos pueblos.

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