Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

Integrantes de comunidades desplazadas por la violencia en los municipios guerrerenses de Leonardo Bravo y Zitlala consiguieron reunirse este miércoles con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de reinstalar su plantón el lunes pasado afuera del Palacio de Cobián, en esta ciudad capital.
A las 8 de la mañana, una comisión encabezada por Teodomira Rosales Sierra, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), participó en el encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y le hizo entrega de su pliego petitorio.
“Salimos de la reunión muy alentados y contentos. Alejandro Encinas está en las mejores disposiciones para trabajar con los desplazados. Pero queremos que se cumpla, ya no queremos sólo palabras”, expresó Rosales Sierra en una improvisada rueda de prensa afuera de las instalaciones de la Segob.
Agregó que el funcionario se mostró preocupado ante la demanda de la reubicación y se comprometió a buscar lugares en donde se puedan reinstalar en condiciones seguras.
Aunque en la reunión no se determinaron fechas, se mencionó que la reubicación podría concretarse antes de que termine este año.
“Nos dieron ánimo para que las familias que se encuentran en las comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan vean la forma de que suba la Guardia Nacional, porque la gente ya no confía en los policías estatales o los militares”, comentó la abogada.
En el pliego petitorio de los desplazados se señala que la presencia de la Guardia Nacional y medidas urgentes de seguridad son requeridas en las comunidades de Hacienda de Dolores, El Ceibal, Los Guajes de Ayala, Los Órganos y El Ciruelo, del municipio de Coyuca de Catalán; así como en Las Conchitas, Ciénega de Puerto Alegre, El Duraznito y Cerro de Las Lumbreras, del municipio de San Miguel Totolapan.
Alrededor del mediodía, un grupo de elementos de la CEAV instaló una mesa en el plantón y comenzó a recabar datos de las personas participantes. La documentación –principalmente Formatos Únicos de Declaración– servirá para analizar cada caso y potencialmente canalizarlo hacia el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
La presencia de los funcionarios en el plantón fue resultado de la reunión de la mañana, a la que también asistieron Erick Javier Martín Salas, titular de la Dirección General de Vinculación de la CEAV, y Luciana Montaño Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH.

Tipificar como delito el
desplazamiento forzado

Las familias desplazadas también exigieron becas especiales para que sus niños, niñas y adolescentes reciban clases a distancia y puedan estudiar durante y después de la pandemia de Covid-19.
Además, reiteraron su demanda de que se solicite al Senado aprobar a la brevedad el decreto de la Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de Soluciones Duraderas y Sanciones en materia de desplazamiento interno forzado.
“Es muy importante que esté esta ley, porque queremos que el desplazamiento forzado se tipifique como delito y se puedan hacer las denuncias como tal. Ahora estamos pidiendo la calidad de víctimas pero se hizo la denuncia como despojo o de robo a casa-habitación porque no hay una ley”, expuso la abogada.
Desde 2014, Guerrero cuenta con una ley estatal para prevenir y atender el desplazamiento interno. Se trata de la Ley 487, promulgada con el objetivo de atender el creciente “desplazamiento interno de comunidades por motivos de inseguridad”.
Hasta la fecha esta ley no ha sido reglamentada, como tampoco se le dotó de recursos económicos o programas de atención para garantizar los derechos humanos de las víctimas.
“Nos preocupa que, en Guerrero, desde 2018 el desplazamiento se sigue dando y se ha agudizado. Si Encinas o el gobierno federal no pone un alto, entonces no va a haber recurso para cubrir todas las necesidades. Si estamos así a nivel nacional, ¿cómo estará la situación en Guerrero y en otros estados en donde las autoridades no han puesto atención?”, cuestionó Rosales Sierra.
A pesar de este primer encuentro con las autoridades, el plantón se mantendrá hasta que todos sus participantes cuenten con la calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado.

Demandan fuentes de empleo y proyectos productivos

También esperan reunirse con más funcionarios, entre ellos el delegado de programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, para platicar acerca de las posibles fuentes de empleo y proyectos productivos de largo y corto plazo que aseguren ingresos dignos a las personas forzadas a dejar sus hogares.
“Muchos desplazados son artesanos, los de Tlaltempanapa tejen sombreros, hacen cinta de palma; hay mecánicos, venden comida, son campesinos. Desde que fueron desplazados tuvieron que comprar su fertilizante: no se los han querido otorgar aunque tengan derecho a ello como todo ciudadano”, enfatizó la abogada.
En esta primera reunión estuvieron además Erick Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Neftalí Granados, director de Seguimiento e Implementación de Medidas Preventivas o de Protección de la Segob, y Misael Rojas, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.