Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ratificó el compromiso oficial de continuar la identificación de los restos de cuerpos no identificados del periodo conocido como “guerra sucia” y que se proseguirá la búsqueda de las personas desaparecidas entonces, en respuesta a la petición de la Comisión para la Verdad de Guerrero para que no se detenga el esclarecimiento de los hechos violentos en el contexto de persecución política-social ocurridos entre 1965 y 1990.
En la presentación de la reedición del Informe Final de Actividades de la Comverdad y sus tres anexos, efectuada este miércoles en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), el funcionario aseguró que “en los 18 meses que nos restan en este gobierno (federal) vamos a hacer todo el esfuerzo humanamente posible, no sólo para que la comisión rinda su informe con los cinco mecanismos que la integran sino (para que haya) resultados concretos y tangibles que den respuesta a las demandas y preocupaciones de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y la sociedad”.
No obstante, en su turno familiares de víctimas y defensores de derechos humanos criticaron el poco avance que hay a la fecha: falta castigo a los culpables y la colaboración del Ejército para abrir sus archivos o entregar documentos, todo ello en el sexenio actual.
“Hay un hilo de continuidad entre la violencia de Estado, la impunidad y lo que hoy se está viviendo en términos de la violencia desbordada de los grupos criminales, y también el preocupante proceso de la permanencia de la estrategia de militarización de la seguridad y otros aspectos relevantes de la vida pública”, alertó Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19.
“En la comisión de Comverdad se toparon con un muro verde olivo y esperamos que no sea el mismo impedimento”, externó Maldonado.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Alan García, se refirió también a la negativa del Ejército para esclarecer las desapariciones ocurridas durante la guerra sucia y las de años recientes.
Los integrantes de la Comverdad, dijo, “enfrentaron múltiples obstáculos en ejercicio de su mandato: la cerrazón de las autoridades federales de aquel entonces, particularmente de las militares, que no colaboraron como se esperaba y que siguen siendo un factor de resistencia para la construcción de verdad y memoria”.
Se trata, subrayó, de “una negativa de la autoridad para hacer su trabajo. Estamos hablando de una impunidad absoluta, del abandono de las autoridades locales”.
Entre 2012 y 2014, la Comverdad de Guerrero investigó violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar de 1969 a 1979, periodo considerado de violencia política de Estado y que, de acuerdo con Artículo 19, organización que participó en la reedición del informe, “estuvo marcado por la represión estatal en contra de disidentes políticos, organizaciones armadas y población civil”.
En octubre de 2014 la Comverdad entregó su Informe Final de Actividades junto con tres documentos anexos: Reconstrucción histórica, Historias de vida y Personas participantes en desapariciones forzadas. “La salida a la luz de esos materiales producto de investigación –resaltó Artículo 19– lamentablemente se vio nublada por un hecho trágico que marcó la historia reciente y revivió las experiencias de violencia del pasado: la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también en Guerrero”.
Frente a Hilda Navarrete Gorjón, ex comisionada de la Comverdad, y María Antonia Morales Serafín, familiar y sobreviviente de la guerra sucia, Encinas reivindicó el trabajo de la comisión y se refirió a su influencia en las acciones que hoy lleva a cabo la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh), que el subsecretario preside.
“Estamos en condiciones para que se haga la identificación genética y continuar con la búsqueda, pero también para ver los temas relativos a la reparación del daño, que ese va a ser otro de los grandes retos: que haya justicia después de 50 años. Es nuestro referente este informe en la construcción de la narrativa sobre este periodo nefasto en la historia de nuestro país”, subrayó.

En Guerrero, uno de los
episodios más crueles

Ante la presencia de personas defensoras de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión de la guerra sucia, Encinas dijo que el informe y el trabajo de la Comverdad no se trata solamente de un esfuerzo “sin precedente” en la historia de este país, pues sus integrantes son pioneros en los trabajos “para conocer la verdad sobre hechos vergonzosos de nuestra historia, que fue un momento de una profunda cerrazón y autoritarismo del Estado mexicano que pretendió aniquilar cualquier forma de disidencia en nuestro país.
“El Estado fue incapaz de reconocer la necesidad de un cambio y pretendió mantener un régimen a partir de la represión. Guerrero fue una de las expresiones más cruentas”, lamentó.
Existieron “políticas contrainsurgentes que se desarrollaron para aniquilar a toda la oposición, la disidencia política. (Es necesario) esclarecer los hechos y que haya justicia en todas las violaciones graves a los derechos humanos. No existe una verdad única, mucho menos oficial, la construcción de la memoria es resultado de la suma de voces y de un proceso de construcción colectiva”.
En ese periodo prevaleció un régimen a través de la represión en todos los ámbitos de la vida política y social
Encinas recordó, además, que participó en la presentación de la reedición del informe, en junio pasado, en la Universida d Autónoma de Guerrero. “Desde entonces he hecho una reivindicación de este esfuerzo que la Comverdad de Guerrero realizó o sigue realizando”.
Destacó también que en Guerrero se vivieron algunos de los episodios más crueles de la guerra sucia. “La represión alcanzó al movimiento sindical independiente y al movimiento urbano popular. (Hubo) persecución a la lucha por la tierra del movimiento campesino y la persecución a toda forma de disidencia, incluyendo la persecución a la diversidad de los grupos más vulnerables de las comunidades indígenas en el país”.
Por ello, enfatizó, “es de gran valor el informe que nos presenta la Comverdad de Guerrero, que realizó un trabajo extraordinario con limitaciones de recursos, con resistencia de las propias autoridades locales y federales, pero que pudo y supo avanzar en la construcción de una memoria colectiva que sumó todas las voces, que puso en el centro a las víctimas”.
La Comverdad “entendió algo muy importante: que la construcción de la verdad tiene que reconocerse como la suma de muchas verdades, que no existe una verdad única, mucho menos una verdad oficial, que la construcción de la memoria es resultado de la suma de voces y de un proceso de construcción política”.
Uno de los aportes del informe, dijo, es que se convierte “en un referente obligado en todos los trabajos que venimos desarrollando en materia de construcción de la verdad, en este caso, en los trabajos que estamos realizando la comisión para esclarecer los hechos y que se haga justicia para el periodo entre 1965 y 1990”.
Indicó que dichos esfuerzos tienen como propósito que se generen condiciones “para que haya actos de justicia, actos de reparación y, lo más importante: que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos”.
El subsecretario mencionó que han pasado más de ocho años después de la presentación del informe de la Comverdad. “El hecho de venir aquí a discutir con las víctimas, con las organizaciones de la sociedad civil, es importante (porque) estos eventos vienen enriqueciendo cada día más el trabajo, que no se reduce a la suma de testimonios, sino al análisis de historias de vida, porque las personas desaparecidas son personas de carne y hueso, con familia, con proyectos de vida y que el Estado les quitó.
“El gran reto que enfrentamos el día de hoy es que el Estado asuma su responsabilidad, no sólo con la memoria, verdad y justicia, sino con los hechos que cometió en estas prácticas contrainsurgentes contra la población.
“Ese es el punto fundamental para la reparación”, insistió Encinas. “No hay justicia sin reparación plena, tanto a los grupos y familias afectados de manera directa como a las comunidades que fueron arrasadas por elementos de las fuerzas armadas”.

“Una impunidad absoluta”

Con más de 800 páginas, el primer anexo del informe, Reconstrucción histórica, reconstruye a través de documentos oficiales las acciones principales de los métodos del Estado contra disidentes y grupos políticos en Guerrero.
El segundo anexo, Historias de vida, documenta las historias de 12 personas, víctimas de desaparición transitoria, forzada, represión y demás violaciones a sus derechos humanos. El tercer anexo, Personas participantes de las desapariciones forzadas, recupera los nombres de los sujetos gubernamentales o personas participantes en las desapariciones forzadas de 1969 a 1979.
Alán García Campos, representante de ONUDH, dijo que se ha reconocido el trabajo de la Comverdad y la persistencia de sus integrantes “porque somos de la convicción de que hicieron mucho por muy poco. Enfrentaron múltiples obstáculos en el ejercicio de su mandato”.
Se refirió a “la cerrazón de las autoridades federales de entonces, particularmente de los militares, que no colaboraron como se esperaba, y que siguen siendo un factor de resistencia para la construcción de verdad y memoria”.
Se trata, recalcó, de “una negativa de la autoridad para hacer su trabajo. Es impresionante que, a años de distancia, en este tema no es que estemos hablando de una impunidad casi absoluta: estamos hablando de una impunidad absoluta, elementos y retos que todavía perduran en el Estado mexicano, el tema de la justicia, pero también del abandono de las autoridades locales”.
De lo que no carecieron los integrantes de la Comverdad, agregó, fue del acompañamiento a las víctimas. “La lucha de los integrantes de la Comverdad no era un compromiso efímero, sino de por vida, que hoy se mantiene vigente”.
Ahora “toca que la justicia haga su parte, porque en Guerrero no sólo hubo desapariciones forzadas, la represión también tuvo masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias. Es necesario que los perpetradores y las instituciones rindan cuentas dentro de lo que hicieron para hacer que la justicia prevalezca, porque si no lo que hay es simulación”.
Abel Barrera Hernández, comisionado experto de la Coveh, dijo que “en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la guerra sucia”. En su intervención por videollamada, el fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comentó que tampoco “cabe duda de que la forma de operar las desapariciones (de hoy en día) es producto de esa escuela”, por lo que remarcó la relevancia de conocer las desapariciones del pasado, y de Guerrero principalmente.

Nexos del pasado con el presente

“El informe es un pilar para entender la represión cometida por parte del Estado, las violaciones perpetradas en décadas pasadas que permiten analizar de mejor manera la violencia actual y los vínculos que hay entre la impunidad de ayer y la impunidad de hoy”, señaló, por su parte, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
“Este informe no es un tema de pasado –advirtió–, hay un hilo de continuidad, la violencia del Estado y lo que hoy se está viviendo en términos de la violencia de los grupos criminales y con la permanencia de la militarización. No se convierte en un acervo histórico más, sino es testimonio fundamental para entender al México de hoy, al México doliente de las más de 100 mil víctimas de desaparición”.