El alcalde perredista de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo confirmó que sigue sin operaciones la minera Media Luna (subsidiaria de la canadiense Torex Gold Resources), cerrada el domingo por vecinos inconformes de Nuevo Balsas, Atzcala, El Limón y La Fundidora. Las últimas dos localidades desplazadas por la actividad minera.
Consultado en una reunión con líderes de migrantes en Estados Unidos en Casa Guerrero, dijo que el martes hubo una reunión de 12 horas con los inconformes, sin acuerdos, pero se trabaja para que la empresa reanude sus actividades y sobre todo, para evitar un conflicto social entre los inconformes, vecinos de Nuevo Balsas que apoyan a la mina y trabajadores de la mina que exigen el paso.
Del municipio estimó que unas 200 personas trabajan directamente en la mina, y sumados los comerciantes y tiendas de alrededor suman unos mil los afectados con el bloqueo. Además de otros mil trabajadores traídos de otras entidades “que también son mexicanos”.
Reconoció que la minera no ha cumplido todos los acuerdos pactados con las comunidades Real de Limón y La Fundidora, se están estableciendo plazos para que se cumplan los temas pendientes que firman las autoridades estatales y municipales como testigos de calidad.
Por ejemplo indicó que se entregaron todas las casas a los desplazados, pero algunas tenían dos o tres más, y sólo recibieron una en compensación. También hubo desperfectos de energía eléctrica y los pobladores aseguran que el agua de consumo humano está contaminada.
Mencionó que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aún no entrega los resultados del agua de uso común para establecer si está contaminada o no, y otra demanda fuerte fue la de tener un panteón, que será terminado este mes.
Se refirió a la demanda de indemnización a los pescadores de Nuevo Balsas, que exigieron 500 mil pesos por año, pero consideró que la demanda no está en el marco legal y los inconformes, unos 15 en total, no son originarios del ejido “se casaron con mujeres del Nuevo Balsas o pertenecen a comunidades cercanas de Cuetzalan y se sienten con más derechos que los propios de Nuevo Balsas y de Cocula”.
Del proceso penal por el delito de delincuencia organizada que enfrentó el año pasado por el que fue arraigado, luego encerrado en el penal prisión de Ocampo, Guanajuato afirmó que no tienen responsabilidad en los delitos que le imputaron, y presentó una queja por tortura sicológica ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el arraigo de 39 días.
Señaló que la SEIDO investigó sus cuentas bancarias, propiedades, la cuenta pública del municipio ante la Auditoría General del Estado (AGE), lo hostigaron con llamadas directas a celular en su casa y continúa en las diligencias judiciales de ese proceso.