* Anuncia una huelga de hambre * Demanda su preliberación * En una carta a la CNDH expone que ninguno de los policías que aparecen disparando en el video fue juzgado ni citado a declarar al MP

El ex comandante de la Policía Motorizada Ignacio Benítez Carbajal, condenado a 18 años de cárcel por la masacre de Aguas Blancas, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se reabra la investigación “para que se esclarezcan debidamente los hechos y se castigue a los verdaderos responsables”, y para que el gobierno de Guerrero le conceda el beneficio de la preliberación.

En un documento que envió al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, Benítez Carbajal reveló que para condenar a los policías como responsables de la masacre se utilizaron pruebas de Harrison-Gilroy simuladas, que realmente no se practicaron.

También expuso que los policías que aparecen disparando en el video de la masacre no fueron juzgados.

Benítez Carbajal que anunció que a partir de este lunes se pondrá en huelga de hambre en el reclusorio de Chilpancingo, expuso cómo participó el 28 de junio de 1995: “Por instrucciones superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar (el vado de Aguas Blancas) con mis elementos para realizar un operativo policiaco de despistolización, más nunca se me informó que el operativo tenía como finalidad detener a los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Tepetixtla, Guerrero, para evitar que se manifestaran en la población de Atoyac de Alvarez.

“Por lo tanto, al igual que los campesinos agraviados, los policías que acudismos a ese operativo por instrucciones superiores, fuimos engañados víctimas de decisiones políticas irracionales de funcionarios estatales”.

En la carta dirigida a la CNDH, el ex comandante motorizado Benítez Carbajal expresa una posición diferente a la que mantuvo durante el juicio a que fue sometido, con otros 28 policías estatales, cuando sostuvo que dispararon en defensa de su propia vida, para repeler una supuesta agresión armada de los campesinos.

Asimismo, cuando estaba libre, como comandante de la Policía Motorizada, y originario de Tepetixtla, Benítez Carbajal estuvo en permanente confrontación con la OCSS desde su surgimiento en esa comunidad de la sierra de Coyuca de Benítez en 1994.

El documento fue entregado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) el 18 de enero, con el fin de que el ombudsman, Juan Alarcón, lo remita a la CNDH.

Fue difundido este domingo a los medios por el abogado del ex policía, Rómulo Reza, quien firma una carta en la que expone que su defendido solicita su preliberación y la reapertura de la investigación de la masacre.

Afirma que no han sido castigados los verdaderos responsables, y pide “que se practiquen las pruebas periciales correspondientes para acreditar que las personas que aparecen disparando en contra de los campesinos en la videofilmación que obra agregada a la causa penal, son distintos a los policías que fueron consignados. Sin embargo, por causas por demás injustificables se les otorgó la más completa impunidad, ya que ni siquiera fueron citados por el agente del Ministerio Público para que rindieran su declaración con relación a esos hechos”.

Expone también la solicitud de que “se investigue a los peritos que emitieron los dictámenes de química forense y criminalística, al existir irregularidades en las mismas”.

Afirma que para acreditar que los policías detenidos dispararon un arma de fuego se simuló la prueba de Harrison, puesto que esta prueba no se practica en México.

El abogado Reza Hurtado informa en una carta a los medios que Ignacio Benítez Carbajal, que está sentenciado a 18 años de prisión, iniciará una huelga de hambre el lunes 21 a las 10 de la mañana, en demanda de su preliberación y la reapertura de la investigación.

En el documento a la CNDH, Benítez Carbajal pide la preliberación y argumenta que por el tiempo que lleva recluido (más de cinco años) ya tiene derecho a ese beneficio, y porque dice que ha observado “buena conducta” y se ha dedicado a trabajar.

Además, busca excluparse: “Si bien es cierto que estuve presente en el lugar y momento en que ocurrió la llamada masacre de Aguas Blancas, porque me desempeñaba como comandante de grupo de la Policía del Estado en la plaza de Coyuca de Benítez, Guerrero, esto se debió a que por instrucciones superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar con mis elementos para realizar un operativo policiaco de despistolización”.

Agrega que no se le informó que se trataba de detener a los integrantes de la OCSS para impedir una menifestación en Atoyac, como lo declararon después de los hechos autoridades del estado, incluso gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y como lo establecen las conclusiones de la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como autores materiales de la matarza de 17 campesinos ocurrida en 1995.