Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

La noticia de que existía una orden de aprehensión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en su contra inquietó a la reportera Yanely Fuentes. Se enteró el 2 de julio de 2019. La alerta llegaba dos años y medio después de comenzar a publicar las prácticas de tortura contra arrestados en las cárceles de las policías comunitarias en algunos municipios de la Costa Chica de Guerrero.
El 3 de julio de ese año publicó la última nota sobre el tema en Diario Alternativo, donde trabajaba desde un lustro atrás. Un preso escribió en papel estraza los tormentos a los que eran sometidos y llegaron a manos de la periodista fotos del testimonio de puño y letra.
El 4 de julio la familia de un detenido la previno. Tenía que ponerse a salvo porque iban por ella. Yanely se resistió. ¿Por qué habría de huir si no era una delincuente? Su mamá, quien leyó las historias de tortura, entró en crisis. “Tienes que irte”, le rogó también.
Fuentes releyó sus propias notas. Esas crueles prácticas le esperaban si no se marchaba. Empacó algunas cosas. Pocos minutos antes de la medianoche de ese día, hace casi tres años, huyó de Marquelia acompañada de tres escoltas. Sólo dijo adiós a sus papás.
Yanely Fuentes Morales es originaria de El Polvorín, una comunidad de Marquelia. Ella, Antonio Julián Chepe y otra persona fundaron el periódico Diario Alternativo en 2014, en sus versiones impresa y digital. Yanely como reportera, Chepe como director y editor.
Desde fines de 2016 comenzó a investigar a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que respaldada por la Ley 701 de Guerrero, la cual otorga autonomía a los pueblos originarios, creó su propia policía comunitaria, como la CRAC.
Primero dio a conocer que los consejeros no eran comisarios municipales, como establece su reglamento. Más tarde, Yaneli documentó las denuncias anónimas sobre detenciones arbitrarias en las que se registraban violencia física, robo de pertenencias y arrestos de familiares de la persona denunciada por pobladores. También informó de multas excesivas para reparación de daño a víctimas. Las acusaciones más graves revelaban tortura para obtener declaraciones forzadas.

Primera amenaza:
debes ser “reeducada”

La primera amenaza se registró tras publicar la nota sobre una detención violenta y arbitraria. Al otro día, Atilano Salinas Pardo, comandante de la UPOEG, le advirtió que la policía comunitaria estaba molesta. El 17 de marzo de 2017, el comandante Mariano Torres Cabrera se comunicó con Diario Alternativo para indicar que el detenido quería declarar. “De forma forzada”, pensó Yanely. Acudió a la comandancia.
Al llegar, ingresó a un cuarto donde había unas 12 personas, entre consejeros, comisarios municipales, un encapuchado armado y el comandante Torres, el principal señalado en las denuncias.
Cerraron la puerta con llave. Le dijeron que incurría en un delito por las publicaciones y que ameritaba “reeducación”: una práctica de las policías comunitarias que consiste en encarcelar a alguien por el tiempo que determinen. En el caso de la UPOEG, liderada por Bruno Plácido, se trata de torturas graves y esclavitud disfrazada de trabajo comunitario, afirma la periodista.
Querían que revelara sus fuentes. El ambiente se tensó. Uno de ellos dijo que escribiera notas positivas y que las enviara antes de publicarlas para autorizarlas. Intimidada, la reportera de entonces 26 años dijo que sí, pero advirtió que reportaría esta amenaza. Los sujetos se molestaron. Alguien abrió la puerta y Fuentes escapó.
Corrió a las oficinas del periódico. Estaba alterada, enojada. Al día siguiente publicó lo sucedido. Un consejero de la UPOEG, Jesús Pérez Rodríguez, intimidó al voceador del periódico en la cabecera municipal. “Lo que ustedes quieren es que les mandemos al narco”, soltó. También amenazó con quemar las instalaciones de Diario Alternativo. Yanely estuvo encerrada durante días. Enfermó y la fiebre la obligó a salir.
A fines de marzo de 2017, Chepe denunció estos hechos en una rueda de prensa en Chilpancingo. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado emitió medidas cautelares. Hubo rondines por parte de la Policía Estatal.
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporó, en abril de ese año, a Fuentes, Chepe y al voceador amenazado. La denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado no prosperó y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso.
En junio siguiente, una nueva agresión de la UPOEG se registró contra Yanely y otro voceador, esta vez en Copala, donde reporteó una detención. La Policía Comunitaria amenazó con dispararles. En ese periodo, cuenta, en la casa de sus papás hallaron varios de sus animales muertos –los habían matado– y balas perdidas. Sus familiares estaban aterrorizados.
Tras una temporada de no salir en la noche, en noviembre decidió beber una cerveza en un bar del centro del municipio. Ahí estaba un hijo del comandante Mariano Torres, que acusaba a Diario Alternativo de haber sido fundado por el crimen –idea difundida, explica Yanely, por otro medio en Marquelia–. El hombre se dirigió hacia ella, sacó un arma, cortó cartucho y lanzó disparos al aire. La empujó y se retiró, riéndose.
En diciembre, a punto de terminar 2017, Chepe fue levantado por el grupo. El Mecanismo le otorgó acompañamiento permanente de la Policía Estatal. Yanely continuaba sin seguridad.
El 28 de enero de 2018 acudió a cubrir una protesta de ciudadanos inconformes con la UPOEG. Querían que dejaran las armas, que ya no eran rifles, relata la periodista. Frente a la comandancia de la policía municipal grabó el choque físico que se registró entre ambos bandos. Uno de los hombres armados intentó quitarle su teléfono. Otro se le unió. Tocaron sus pechos y la rasguñaron. Lastimaron su costilla derecha y la lanzaron al suelo. Tenía rota la blusa. La Policía Estatal no acudió a su llamada de auxilio. Gracias a la ayuda de personas ahí presentes logró salir.
Se encerró en el periódico, que tenía chapas de seguridad instaladas por el Mecanismo. “Fue una humillación física y sexual”, dice Fuentes.
Al iniciar marzo, una bala perdida voló cerca de uno de sus hermanos. Su mamá le insistió, por seguridad, que se marchara de Marquelia. Días después, a las 5 de la mañana, Yanely escapó a otro municipio. Pero no logró sostenerse y regresó en agosto.

Sin más opción que
el desplazamiento

De vuelta en Marquelia, la reportera vivió dos meses en las oficinas del Diario Alternativo. Aunque desde mayo de 2018 la Junta de Gobierno del Mecanismo había aprobado el acompañamiento permanente de la Policía Estatal, la corporación se rehusó a la medida cuando ella volvió a Marquelia.
En octubre retomó las coberturas. Como medida de seguridad, se enfocó en el municipio de San Luis Acatlán. En febrero de 2019 se topó con denuncias que señalaban a la CRAC de prácticas de tortura en la cárcel comunitaria (donde fue asesinado un arrestado el 23 de marzo de ese año).
Familiares de la víctima confirmaron la información. El coordinador de la CRAC, Julián Cortés Flores –asesinado en abril siguiente, añade Yanely–, le confirmó en una entrevista que a quien se atreviera a acusarlos ante alguna autoridad local lo apresaban para obligarlo a retractarse. El MP les notificaba. Ella publicó esa declaración.
Ese mismo febrero tomó un taller de seguridad digital en Ciudad de México. En su ausencia, un compañero fue intimidado a balazos en el periódico por los hijos de Mariano Torres.
Fuentes debió retornar a Guerrero con escoltas privados que autorizó el Mecanismo. Antes de volver, denunció en la Feadle todas las agresiones. Agentes de la Fiscalía fueron a investigar a Marquelia. Así se enteró de que un hijo de Torres había contratado a una persona para vigilarla.
La reportera estaba en alerta. Dormía poco o nada. Sufría dolor de cabeza constante. Pensaba que en cualquier momento irían por ella.
Desde el 19 de junio de 2019 ambas policías pactaron una alianza en Marquelia. Se autorizaban a ingresar a sus territorios. “Ya no hay lugar seguro para mí”, fue lo primero que pensó Yanely.
El 2 de julio fue a San Luis Acatlán a investigar la situación de un ex comandante de la CRAC quien, arrestado, se había desvanecido en la cárcel de la CRAC tras días de tortura en manos de la UPOEG. Había logrado escribir la denuncia de estos hechos en papel estraza; su familia previno a Yaneli sobre la orden de aprehensión contra ella. La reportera no detuvo su trabajo.
Yanely calificó para el programa de protección Taula per Mèxic, en Cataluña, España. Viajó a Chilpancingo para tratar ese asunto. Al día siguiente le llegó la segunda advertencia: cualquiera, UPOEG o CRAC, la aprehenderían.
Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), organización que la acompañaba, y el Mecanismo la exhortaron a fugarse. Los escoltas, testigos de las prácticas intimidantes, también. Eran superados en números. Ese día Yaneli aceptó ser desplazada.

Los agresores
siguen ahí

Tal como constató El Sur, el Mecanismo le notificó que el próximo 30 de junio concluirán sus medidas de refugio y alimentación en Ciudad de México. El gran problema, dice la periodista, es que no existe un plan federal de retorno a Guerrero.
Han sido casi tres años de ausencia. Tras salir de Marquelia, fue resguardada en un refugio durante un mes. En septiembre de ese año se fue al programa de protección en España. Regresó a México en marzo de 2020. Quería volver a Marquelia y retomar sus reportajes. El análisis de riesgo del Mecanismo determinó que era peligroso. En octubre, la UPOEG intentó secuestrar al voceador de Copala. Los elementos de seguridad de Chepe lo rescataron y él huyó a otro estado. El Mecanismo no brindó la ayuda solicitada.
Ahora ningún voceador quiere vender el Diario Alternativo. El medio se fracturó. Sus integrantes lo sostenían con recursos propios. Continúa en redes sociales, pero la censura se impuso.
Yanely ha vivido en cuatro refugios de Cdmx. Desde mayo de 2018 solicitó una mesa de trabajo con el gobierno de Guerrero, pero no se ha concretado. Solicita que participen la gobernadora Evelyn Salgado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Feadle y representantes del gobierno de Marquelia, Copala y San Luis Acatlán. Es ahí a donde regresaría a trabajar.
En septiembre y diciembre de 2021, menciona, análisis de riesgos del Mecanismo determinaron que puede regresar a Guerrero. Interpuso un recurso de inconformidad, porque no le dicen qué va a pasar con sus agresores. La mesa de trabajo no se ha concretado. “Es absurdo”, exclama.
Actualmente trabaja en un proyecto digital con perspectiva de género. Yanely no puede regresar a Marquelia si no existen mínimas condiciones de seguridad y de dignidad para ejercer periodismo. “He estado en pausa –murmura–. El Mecanismo no cuenta con planes de retorno. Es el gran problema que me tiene en la incertidumbre”.