Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El asesor legal de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo ayer que la declaración de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto a que el poder Judicial juzgue a los acusados por el caso Ayotzinapa con criterios de crimen de Estado, y no como del fuero común, “tiene motivaciones políticas”, porque lo que tiene que hacer la FGR es fundamentar bien sus elementos de prueba para que las sentencias queden firmes y los acusados no salgan libres.
Informó que las búsquedas de los estudiantes desaparecidos se han intensificado en los últimos meses, igual, con fines políticos, pues el gobierno federal tiene la esperanza de encontrar algunos restos para cerrar el caso antes de que termine la actual administración, y desvanecer la petición de los padres de que el Ejército entregue la información que tiene y se niega a entregar.
El domingo se informó que la FGR solicitó al poder Judicial que los acusados del crimen de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no sean juzgados por un delito común, sino con criterios de crimen de Estado, como piden los organismos internacionales debido a las dificultades para lograr sentencias de condena.
Consultado por teléfono al respecto, Rosales Sierra declaró que “esa es una posición política”, y que el juez tiene la obligación de juzgar con elementos de prueba no sólo por una posición política, “pero yo lo que veo es que el gobierno federal, y principalmente la Fiscalía, está haciendo un trabajo que deja mucho que desear”.
El abogado dijo que el problema es que la FGE está haciendo una investigación que no es sólida sino frágil, con pocos datos de prueba, con actos de investigación deficientes, que, obviamente, no van a resistir en un juicio oral en el que se tenga que decir mediante la prueba.
Para el abogado, eso causa que la FGE admita que hay dificultades para obtener condenas y sanciones contra los responsables, y piden que se juzgue con esta perspectiva.
“Está bien la propuesta, pero los jueces tienen que juzgar con datos y con medios de prueba, pero si estas son deficientes, no son sólidas y no hay una investigación eficiente ni consistente, obviamente que los jueces van a liberar, eso es lo que ha estado pasando”.
Indicó que los padres, y en su caso como abogado, piden que, mejor, la FGR no aporte investigaciones con deficiencias, “porque eso es lo que ha estado haciendo, investigaciones frágiles, con muy pocos datos de prueba”.
Según el abogado, no ha diferencia entre que se juzgue con un parámetro de crimen de estado que con el del fuero común, “porque un juez tiene que valorar y emitir una sentencia basada en un conjunto de las pruebas que las partes le aporten en el proceso”.
Insistió: “Yo lo que veo es que lo que está haciendo la Fiscalía es que está tratando de justificar su investigaciones deficientes y sus inconsistencias que hay en su investigación, las falencias y las debilidades probatorias que tienen en los casos”.
Rosales Sierra indicó que hay evidencias de que las investigaciones se han hecho de manera incorrecta, sobre todo en el actual gobierno “que va de fracaso en fracaso; todos los casos los ha estado perdiendo últimamente, los militares acaban de ganar la medida cautelar ¿y qué han hecho ellos (la FGR) frente a eso?, “lo que tenemos ahí es una investigación frágil, débil, que no está fortalecida, no es consistente, no está robustecida con datos de prueba, de tal manera que sea contundente”.
Explicó que un juez puede tener una mirada y estar claro de que se trata de un caso grave, de un crimen de estado, “pues sí, se trata de un cremen de estado, pero más allá de eso la FGR tiene que tener pruebas para que el juez las pueda valorar”.
Pero insistió que no es el caso, “y si no hay pruebas ¿pues cómo va a valorar?, aun cuando se trate de crimen de estado, si la Fiscalía realizó una investigación deficiente, irregular y los datos no son sólidos o no los hay, así no va a haber condena”, reiteró.
El domingo, el subsecretario de Gobernación federal, Arturo Miranda Padilla, informó en un comunicado que el viernes en Iguala acompañó las tareas de búsqueda de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014, pero sin que precisara los lugares que buscaron.
Al respecto Rosales Sierra informó que los padres y él como abogado han estado enterados de las búsquedas que realiza la FGE y reconoció que éstas se han intensificado en los últimos meses, pero que ello tiene una “intencionalidad política”.
Explicó que la apuesta del actual gobierno es poder encontrar algunos restos en lo que resta de la administración para que con ello cierren y rindan buenas cuentas de los logros en esta administración.
“Es decir, como ya no pueden obtener más información que está en manos del ejército, como los 800 folios y otra información que el Ejército mexicano tiene y que podría dar un vuelco distinto a las investigaciones, han fincado sus esperanzas en poder encontrar restos y por eso han intensificado las búsquedas”.
Indicó que fincan sus esperanzas en poder encontrar algunos restos y con ello pierda fuerza la demanda de que los militares entreguen la información que tienen”.
Declaró que, incluso, se sabe que están buscando en estas jornadas a los 17 estudiantes que fueron trasladados de barandilla municipal a algunos lugares de Iguala,
Pero insistió: “Hay una apuesta del gobierno federal de que a través de estas búsquedas se encuentren algunos restos y con ello restarle efectividad y fuerza a la demanda de que los militares entreguen la información”.
Denunció que “hay toda una intencionalidad política detrás de esas búsquedas”.
Declaró que hasta ayer, no había resultados, “aunque parece que se han encontrado entre unos 13 o 14 hallazgos, pero de esos no hay positivos hasta el día de hoy”.
Informó que no tiene el dato de cuantas búsquedas se han realizado en los últimos meses, pero que los padres aun cuando no participan en las búsquedas están informados y que de parte de Tlachinollan hay un abogado que está pendiente de estas búsquedas.