Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Representantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón exigieron que a las personas que han sido desplazadas de sus comunidades se les considere como víctimas.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) en Ciudad de México, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, señaló que en Guerrero, de 2011 a enero de 2020, 15 mil 700 personas han sido desplazadas de sus hogares. Señaló que las causas son los intereses de empresas extranjeras en la región, la tala de árboles y principalmente el crimen organizado.
“Llegan los del crimen organizado intimidando a las personas diciendo que si quieren seguir viviendo se salgan de sus casas. Incluso dentro de esas casas se queda a vivir gente de los grupos criminales”, describió.
Mencionó que desde 2011 se han dado los desplazamientos, siendo el primero en Petatlán. Indicó que en 2018, se dio el desplazamiento más grande que tienen registrado, en la sierra de Chichihualco.

Indicó que en el desplazamiento de 2018, los grupos armados atacaron de manera conjunta a seis comunidades, provocando que mil 800 personas tuvieran que dejar sus hogares. Agregó que solamente se mantuvieron 135 familias en la zona y las personas desplazadas fueron a Estados Unidos, Morelos, Acapulco y Chilpancingo.
Rosales Sierra informó que el último desplazamiento se dio el 1 de noviembre pasado. Ocurrió en la comunidad de La Finca en el municipio de Petatlán y no se sabe cuánta gente sufrió desplazamiento forzado.
Señaló que los municipios donde se han registrado en mayor medida los desplazamientos forzados son Petatlán, Leonardo Bravo, Zitlala, Chilapa y San Miguel Totoloapan.
Aseguró que en 2019, se acercaron al entonces gobernador, Héctor Astudillo, pero les dijeron “que no podía atender el tema” pues no era un asunto estatal sino federal. Añadió que han tenido reuniones con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pero no existen garantías de seguridad.
Destacó que en una de las reuniones, se les dijo que atenderían el caso de los desplazados, pero que no podrían garantizar seguridad en la zona, a pesar de que la organización pidió que acudan elementos de los cuerpos de seguridad nacionales.
Rosales Sierra añadió que uno de los elementos que han faltado para garantizar protección a las personas desplazadas, es que se emita una ley de desplazados. Argumentó que los diputados ya aprobaron dicha ley, pero que ha estado “atorada” por falta de decisión de los senadores.
Explicó que con esta ley, aquellas personas que han sufrido por desplazamientos forzados, podrán ser consideradas víctimas por esta situación, con lo cual buscan no ser invisibilizados.

“Hemos sufrido tanto”

Una víctima, que pidió permanecer anónima, relató su experiencia en el desplazamiento forzado. Originaria de Izotepec, en el municipio Heliodoro Castillo, detalló que los problemas iniciaron en 2010, cuando el grupo delictivo Los Rojos, se infiltró en su comunidad, provocando que familias completas tuvieran que abandonar sus hogares.
La calma llegó un año después y en el cese de hostilidades pudieron regresar a Izotepec. Pero en 2015, la situación empeoró. Un grupo liderado por el llamado Teniente, buscó “adueñarse del pueblo”.
Lo que empezó como robos, terminó en el asesinato del comisario a manos del grupo delictivo, que provocó la salida de residentes de la comunidad. A pesar de que con ayuda de otros pueblos, pudieron sacar a los delincuentes, ocasionalmente volvían a atacarlos.
Mientras se avecinaba la llegada del grupo delictivo, su sobrino fue a recoger ganado que tenían par que no fuera robado o se viera afectado por las acciones que realizaban. Pero tuvo la mala fortuna de toparse con el grupo. La víctima relata que su sobrino se resistió y que terminó siendo asesinado y quemado.
“Incluso a mí me agredieron y levantaron en Chilpancingo. Hemos sufrido tanto, muchas agresiones en nuestra contra”, relató.
La víctima contó que el 9 de junio de 2018, se produjo una balacera de dos días. Incluso llegaron elementos de seguridad estatal, pero al retirarse, el grupo delictivo volvió a atacar. El 11 de junio, junto a su familia, decidió dejar su hogar.
El impacto más duro que ha recibido se dio hace un año. Su hermano, visitó la comunidad. Desde ese momento no sabe nada de él y asegura que el grupo delictivo lo desapareció.
Uno de los problemas que considera la víctima es que no es sencillo empezar una nueva vida. Señaló que en su comunidad podían vivir del campo, tenía una cocina económica y sabían cómo salir adelante. Ahora, sin su hogar y en una ciudad más grande como Chilpancingo, donde ahora radica, cada día es más complicado vivir.