Después de la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA 41), el asesor de comuneros de Cuautepec, Ramón Gracida González reprochó que el Ayuntamiento utilice una “táctica dilatoria” para que no haya una resolución a la demanda de nulidad de la asamblea “amañada” del 30 de octubre de 2016, que aprobó la construcción de la unidad deportiva en la comunidad de Palo de Arco.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Obed Lauriano Marquecho, estuvo presente en la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, y declaró a reporteros que el problema ha “rebasado la situación y se convirtió en una cuestión política”, ya que considera que a los comuneros no les interese el cuidado del ambiente.
La audiencia programada al mediodía, duró una hora, y en ella estuvieron el secretario general del Ayuntamiento de Cuautepec, Obed Lauriano; la síndica, Roselia Figueroa; y la secretaria del comisariado de los bienes comunales, Gisela Armenta, con otros comuneros.
Ahí, el magistrado del TUA solicitó a las partes sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, e informó que no procedió la suspensión de la obra porque no se ha demostrado que hay perjuicio a la comunidad.
Además, pidió a ambas partes presentar documentación para defender lo que cada uno señala; en el caso de los comuneros, que existe daño ecológico; y por parte de la autoridad, que es un beneficio para la comunidad y que no afecta el ambiente.
Al salir, el asesor de los comuneros, Gracida González declaró que es “una táctica dilatoria por parte del Ayuntamiento, para que ellos sigan trabajando y después puedan chantajear a la gente de que ya está construida la obra”.
Reprochó a las autoridades municipales de Cuautepec “que quieren ganar tiempo para que se siga construyendo, a pesar de que el magistrado dijo que si al final hay una sentencia a favor de la nulidad, todo será demolido, y quedará en manos de los comuneros”.
Aunque citó que el magistrado del Tribunal “también dijo que una deficiencia nuestra es que no hemos demostrado el daño ecológico, que si lo demostramos él iba a ordenar una suspensión; pero se supone que eso lo demostró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque sancionó e interpuso una multa (al alcalde)”.
Por ello acudirán el próximo martes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para hablar con las autoridades, porque se “ampara”, dice que sí hay daño ecológico, pero la Profepa dice que no, porque no hay una resolución del magistrado, “entre ellos se echan la pelota”.
“Claramente, la Semarnat, la Profepa y el Ayuntamiento están en clara confabulación, pero nosotros acusamos al delegado de estar tomando una determinación que es un contrasentido, porque la Semarnat para cuidar el medio ambiente, y que el magistrado dijo que si ya se hubiese demostrado el daño ecológico iba a suspender la continuación de la obra”, dijo.