El representante legal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joel Hernández Reyes dijo en conferencia de prensa en el hotel Casa Inn, de la zona Dorada de Acapulco, que no hay un conflicto laboral en el “bloqueo ilegal” que mantienen “personas ajenas” a la mina Media Luna de Cocula.
Advirtió que si el gobierno estatal no actúa en el conflicto que se desató luego del “intento” de la empresa Torex Gold Resource de reiniciar actividades el lunes pasado, habrá un enfrentamiento entre los trabajadores de la mina y los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que han sido contenidos por gendarmes.
No obstante los convocó a no confrontarse, pues consideró que “al ser un conflicto social va a traer violencia”.
Hernández Reyes comentó que, en la medida en que sus agremiados vuelvan a trabajar, dado que comenzaron las labores de limpieza en el acceso del poblado de Nuevo Balsas, de donde proviene el 60 por ciento de los afiliados a la CTM, se reactivarán los pagos, que fueron suspendidos hace dos semanas. Los salarios de los 500 sindicalizados, oscilan entre 400 y mil 500 pesos semanales, dijo.
Calculó las pérdidas de la empresa canadiense en 1.5 millones de dólares cada día que no se trabaja en la mina, y que en las labores de mantenimiento trabajan 60 sindicalizados en una zona que denominó “la planta”, a donde intentaron ingresar “a la fuerza” los integrantes del Sindicato de Mineros el lunes, donde fueron retenidos por los gendarmes.
Joel Hernández señaló que la situación ya no es laboral, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “está realizando su procedimiento… Es obligación del gobierno estatal empezar a realizar las gestiones necesarias, a ejercitar lo que esté dentro de su alcance, o lo que considere social y políticamente correcto, para llegar a la solución de este conflicto… ayer, el presidente municipal de Cocula, solicitó ya el apoyo del gobernador porque esto se está saliendo de control. Se están enfrentando. Los secretarios del Trabajo, el subsecretario de Asuntos Agrarios, han llegado, pero fue prácticamente inexistente (la visita)”, dijo el abogado.
Indicó que entiende que no use la fuerza, pero sin algún medio coactivo para que la mina funcione, “la primer reacción debe recaer en el gobierno del estado”.
Aclaró que el gobierno del estado ha sido consciente y ha establecido acciones para solucionar el conflicto, pero “ha habido una cerrazón por parte del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Llegaron a decir (que) ya no les interesa el Contrato Colectivo ‘ya no quiero el procedimiento de titularidad; empresa, quítaselo a la CTM y dámelo a mí’. Pero la cultura canadiense es un poquito más estricta y respetuosa de las normas”.
El 3 de noviembre, trabajadores de la mina pararon labores con el apoyo del Sindicato de Mineros, para exigir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y bloquearon los accesos a la mina.
El representante de la CTM explicó que, dada la demanda del sindicato de mineros ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se comenzó el procedimiento, que está “detenido” porque el demandante no acudió a la audiencia programada para el 13 de diciembre pasado.
“Al paso del tiempo esto va a ser un conflicto social, y espero, ahora sí, en uso de sus facultades y en un conflicto social, el gobierno del estado de Guerrero las gestiones que están a su alcance. No pueden permitir que una inversión salga, pero al ser un conflicto laboral de origen ellos (el gobierno estatal) no podían inmiscuirse porque era del orden federal; hoy ha dejado de serlo, el conflicto laboral ha desaparecido, se ha convertido en un conflicto social y, por lo tanto, ahora sí compete al estado el ejercicio de las facultades que tiene para llegar a una solución”, advirtió Joel Hernández.
Ante el comunicado de la empresa de reiniciar actividades, indicó que la respuesta de los paristas fue tomar de forma violenta las instalaciones nuevamente.
“Hubo (el lunes) conatos de violencia, fueron mas de 100 personas y ninguno de los que ingresaron a las instalaciones es trabajador de Media Luna, se han ido sumando personas de distintos municipios, como Taxco y Mezcala, de la mina Los Filos, para tratar de hacer sus movimientos, lo cual es totalmente violatorio, en virtud de que están impidiendo que la gente de los poblados, que se han visto beneficiadas por progreso y beneficios por parte del complejo minero, en este momento no pueden hacer las actividades a las que tienen derecho. Ha sido una afectación económica multimillonaria, para la empresa, pero también para nuestros representados y debido a esta situación económica, la empresa no se encuentra en posibilidad ya de pagar salarios, ya inicia el proceso de suspensión”, contó.
Recordó que los trabajadores votaron en Morelos el año pasado por retomar las actividades en la empresa y no para definir cuál sindicato los representaría.