Representantes de las preparatorias populares informaron que la propuesta del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, de desincorporarlas del sistema, data de hace un año; además, indicaron que no generan pasivos sino que la institución recauda 6 millones 600 mil pesos anuales por cobros diversos a los estudiantes, en su mayoría pobres y de comunidades apartadas.
Los representantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares, Arturo Guerrero Caballero, y del Comité Ejecutivo de Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, señalaron que en la UAG también hay escuelas privadas, incorporadas bajo el mismo esquema que las preparatorias populares.
Es decir, la UAG sólo valida los estudios y emite los certificados, pero no destina un solo peso al sistema educativo, que surgió en los años de 1970, cuando el entonces gobernador Raúl Caballero Aburto decidió suspender la creación de más preparatorias y el ex rector Rosalío Wences Reza sugirió la creación de este sistema.
Carreto Moreno lamentó que el rector de la UAG considere a las 45 preparatorias y sus 40 extensiones como un problema para poder cumplir sus objetivos de calidad, cuando lo único que se hace con las preparatorias populares es llevar educación a comunidades pobres, apartadas y zonas indígenas.
“Estamos cumpliendo con dar educación, que los jóvenes no migren, que no se metan al narcotráfico. Estamos en comunidades donde después de la secundaria no se puede estudiar, porque las familias son pobres”, y lamentó que se intente dejar a un lado al sistema, para que desaparezca.
Mientras, Guerrero Caballero precisó que desde 2010 se propuso la creación del Sistema de Preparatorias Populares, porque desde siempre han luchado por un presupuesto propio. Recordó que en los últimos años ha sido de 45 millones de pesos, además de que los padres de familia de los casi 12 mil estudiantes aportan entre 150 a 300 pesos mensuales, para completar el pago de salarios a los maestros.
“Les guste o no, la preparatorias populares dan educación en comunidades donde los estudiantes no tenían la oportunidad de seguir sus estudios, y después continuar con la licenciatura. Hoy tenemos con orgullo a jóvenes egresados de las carreras de la UAG”, expresó.
Por esa razón, consideró que el proyecto del Sistema de las Preparatorias Populares no se puede desechar, tampoco dejar en la calle a los más de mil profesores que trabajan y que ganan entre 30 a 70 pesos por hora, y al mes suman entre 3 mil y hasta 5 mil pesos de sueldo.
Ambos profesores manifestaron que no están en contra de la descentralización, pero demandaron que al sistema se le dé un trato digno, se le reconozca por el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Incluso, que sea incorporado al sistema de educación que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Indicaron que desde hace dos años han hablado con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, para que se cree una Coordinación de Preparatorias Populares, que sea como un apéndice de la UAG, pero que buscaría su propio presupuesto.
Los representantes coincidieron en que la UAG sí reporta como matrícula propia a los estudiantes de las preparatorias populares, para obtener un mayor presupuesto; sin embargo, la UAG no destina un peso al sistema educativo, por lo que señalaron como “incoherente” la propuesta del rector.
Indicaron que los estudiantes pagan 150 de inscripción y otros de reinscripción, además de los 400 pesos por los certificados de estudios, cada año; lo que significa 550 pesos en total, y multiplicado por 12 mil estudiantes arroja un cifra de 6 millones 600 mil pesos.
En tanto que los más de mil profesores que trabajan no gozan de ninguna prestación laboral y cada diciembre tienen que marchar para conseguir algún incentivo, como el aguinaldo. Ambos indicaron que los maestros de las preparatorias populares también tienen que pagar los cursos de actualización y de capacitación, con costos de hasta 11 mil pesos, que por primera vez en este año los cursos serán gratuitos, lo que ha frenado la profesionalización y actualización de la plantilla de profesores.