Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López y el titular de la SEG, Daniel Pano Cruz calificaron de positivo la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se audite a las universidades públicas del país.Entrevistado vía telefónica desde Guadalajara, Jalisco, el rector manifestó que está de acuerdo en que las universidades públicas deben ser auditadas por parte de la Cámara de Diputados, pero también pidió que se les otorgue mayores recursos económicos para su funcionamiento.Dijo que está de acuerdo que las universidades públicas como la UAG rindan cuentas, pero también que es urgente que en la Cámara de Diputados se revise el artículo tercero constitucional y que se determine, en el caso de las universidades públicas, qué es gratuidad, financiamiento y autonomía”.

Indicó que a la UAG ha sido auditada por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero que estas revisiones financieras son a su gasto corriente, por lo que demandó del gobierno federal mayores recursos públicos.En la pasada administración que encabezó el rector Florentino Cruz Ramírez se llevó a cabo una auditoría a su antecesor, Hugo Vázquez Mendoza y otros ex funcionarios, y se encontró un desvío por más de 25 millones de pesos; el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que determinó el ejercicio de la acción penal contra el ex rector Hugo Vázquez y cinco de sus colaboradores, y la expulsión definitiva de la UAG, pero hasta la fecha se ha incumplido.Sin embargo, Valle López anunció que en la próxima sesión del Consejo se dará a conocer el dictamen final de la auditoría a la administración de Hugo Vázquez y dijo que ya se entregó una copia del dictamen a los consejeros para que determinen lo que proceda.

 Medida saludable: Pano  

Por su parte, el titular de la SEG, Daniel Pano, entrevistado luego de visitar la Universidad Intercontinental, expresó que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), establece que este órgano cuenta con facultades para poder fiscalizar la situación de los recursos federales que se aplican en todo el país “y no se exceptúa a las universidades, ya que a partir de ese momento están consideradas”.Explicó que la disposición de la Suprema Corte fue la ratificación de esta responsabilidad que tiene la ASF, que en alguna ocasión fue incluso impugnada por alguna institución de educación superior, “a nosotros nos parece que es un mecanismo saludable, y que le pueblo de México tiene todo el derecho de conocer la aplicación de los dineros del pueblo”.Dijo que con esta medida se está dando paso a una exigencia que durante mucho tiempo ha demandado al pueblo de México a pesar de los esfuerzos de administración y de auditoría interna con la que cuentan las universidades públicas, eventualmente algunos sectores de la población no están satisfechos con la aplicación de los recursos, y el cumplimiento de las metas y programas de las instituciones “pero es una medida saludable para todos”.