La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no violó el derecho a la educación de los hijos de campesinos que no podrán ingresar a la normal rural de Ayotzinapa en el próximo ciclo escolar por no contar con un promedio mínimo de 8, como es uno de los requisitos de la convocatoria, aseguró ayer Lilián Álvarez Arellano, asesora del secretario de Educación Pública (SEP), Reyes Tamez Guerra.
La funcionaria, junto con la consultora del Alto Comisionado de la ONU, Alejandra Hass Pacive y el subsecretario de Educación Básica, Leoncio Domínguez, en representación del secretario José Luis González de la Vega, presentaron ayer en el auditorio José Joaquín de Herrera del Palacio de Gobierno el programa de Educación en Derechos Humanos: Avances y Desafíos.
Entrevistada al término del acto al que fueron convocados más de mil docentes y estudiantes de distintos niveles educativos, Álvarez Arellano dijo que el derecho a la educación garantiza la educación, “que es la puerta a la conciencia, y en la conciencia están los derechos humanos; si todos nos educamos sabemos que tenemos esos derechos”.
Y cuando se le preguntó si la SEP no violó los derechos de los hijos de los campesinos al negarles el derecho a la educación con la imposición de un promedio de 8 en la convocatoria para los aspirantes a la normal de Ayotzinapa señaló que “es un proceso histórico de revisión de las políticas educativas”.
Afirmó que exigir un promedio o una edad, “tiene sus razones, incluso cuando se planteó que los niños debieran tener seis años cumplidos para poder ingresar a la primaria causó malestar en algunos padres que dijeron que se estaba coartando el derecho a la educación”.
Mencionó que la calificación mínima para ingresar a una institución educativa tiene como fin “garantizar la dedicación al estudio, un cierto nivel de trabajo, y de hecho la ley para prevenir la discriminación indica que no es discriminación poner como límites edad o grado de calificación”.
Insistió en que no hay contraposición con este requisito, porque el Estado, si lo considera conveniente, tiene la facultad de modificar sus políticas para avanzar en cuestiones de equidad para la educación, “no es discriminación, y sí sería demagógico decir que entren con lo que sea, puesto que no tiene porque bajar el nivel educativo”.