Karina Contreras

Trabajadores administrativos y docentes de la Preparatoria número 40 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Cruz Grande, iniciaron un paro de labores para exigir al rector José Alfredo Romero Olea una auditoría financiera y administrativa a la dirección de la escuela, que encabeza Jesús Molina Lorenzo.
Los manifestantes colocaron diversas pancartas en la entrada de la escuela en donde se lee: “Alto a la venta de calificaciones”, “Exigimos respeto a los derechos de los trabajadores”, “No al acoso estudiantil”, “Paro laboral delegación sindical preparatoria número 40. Exigimos respeto al Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Fuera maestros sin perfil académico!” y “Fuera el director y su familia y sobretodo la de química (Lessa Itzel”.
Las demandas de los trabajadores fueron plasmadas en un documento dirigido a la comunidad universitaria, al pueblo en general y a la administración central donde denuncian “las distintas irregularidades académicas, administrativas y laborales que se vienen cometiendo al interior de nuestra institución contra estudiantes, personal académico y trabajadores administrativos por parte del director encargado Jesús Molina Lorenzo”.
Entre las peticiones que enumeran exigen la reinstalación de manera inmediata del trabajador administrativo Hospicio Jijón en sus funciones de capturista operador. También piden un alto a la corrupción y cobros excesivos por las credenciales de los alumnos, kardex y documentación administrativa.
Reprochan que los docentes llevan 2 años sin que les proporciona los cuadros de calificaciones para que los firmen y validen que sean “nuestras calificaciones las que plasman en el kardex de los estudiantes”, pues argumentan que existen cambio de calificaciones sin autorización de los docentes.
Los trabajadores de igual manera exigen un alto a las amenazas, hostigamiento laboral y ofensas misóginas contra las maestras.
En otro punto exigen un alto a la violación al Contrato Colectivo de Trabajo en los sindicatos de la UAG, porque se han hecho contrataciones unilaterales de personas que no cuentan con el perfil académico y “un alto al autoritarimos y prepotencia por parte de docentes, personal directivo contra estudiantes y profesores.
Por su parte, los alumnos denunciaron que desde agosto pagaron uniformes escolares y hasta esta fecha no se los han entregado y tampoco los han ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni han dado de baja a los ex alumnos.