El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que se “veían venir” las sanciones administrativas a los maestros de la Montaña Baja que no se presentaron a laborar de manera regular, luego del oficio que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les envió el 17 de noviembre pasado.
Maestros de escuelas de la Montaña Baja, principalmente de Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera (Hueycantenango) suspendieron clases porque recibieron amenazas del crimen organizado.
Las autoridades desplegaron un esquema de vigilancia para dar seguridad en 12 rutas, y la SEG llamó a los docentes a reanudar laborales porque consideró que ya había garantías para que éstas se llevaran a cabo.
El miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, acudieron a Chilapa para asistir a reunión del Grupo de Coordinación Guerrero. Ahí, el gobernador aseguró que el 93 por ciento de las escuelas cerradas por inseguridad en la Montaña Baja ya estaban laborando y que las únicas cerradas estaban sin actividades por conflictos “gremiales”; mientras que González de la Vega Otero dijo que la CETEG ha puesto “pretextos” para no reanudar actividades.
Expresó que la SEG ha sido tolerante por la situación complicada, pero que la próxima semana se aplicarán los descuentos correspondientes.
Consultado al respecto, Ramírez Perulero dijo que el magisterio disidente anticipó que la SEG aplicaría descuentos a los docentes de la Montaña baja y por ello convocó a una marcha estatal el 6 de diciembre, en Acapulco, contra las represiones administrativas, “vamos a defender los derechos de los compañeros, sean o no de la CETEG, no vamos a permitir que se violenten sus derechos”.
Expuso que el problema de la inseguridad en la Montaña Baja no se va a resolver con una estrategia mediática, como las 12 rutas de vigilancia; además de que cuando las autoridades acudieron a visitar la zona, fueron resguardadas por escoltas, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, pero los maestros y pobladores de las comunidades no cuentan con este tipo de blindaje.
Llamó a González de la Vega Otero a “que se ponga en los zapatos” de los maestros, que actuaron según las circunstancias que prevalecen en la región. Dijo que el asesinato de la niña de 13 años Diana Paulina Rendón Alcaraz en Chilapa, “seguramente alumna de secundaria”, es una muestra de que la seguridad no está garantizada y los crímenes prevalecen.
“Sabemos que el problema es grande y transciende a la SEG, hemos visto que ellos mismos han hecho el llamado a la federación para que intervenga en esta problemática, porque se han visto en la incapacidad para enfrentarla, pero nuestro papel es defender a nuestros compañeros”, declaró.
Ramírez Perulero acudió este jueves a Acapulco para llamar a las bases a participar en la marcha estatal del 6 de diciembre, en la que también exigirán la abrogación de la reforma educativa, que se suspenda la aplicación de la Evaluación del Servicio Profesional Docente y que los recursos aplicados al proceso se destinen a las escuelas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.
“El llamado es a todo el magisterio. En la medida en que estemos unidos las autoridades no tienen por qué violentar nuestros derechos laborales, profesionales, sociales y económicos”, concluyó.