* Pide el coordinador parlamentario del PRD evitar que en la entidad se genere una confrontación como la de San Salvador Atenco * Por beneficiar a inversionistas extranjeros, Carlos Salinas de Gortari promovió las expropiaciones, acusa

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El coordinador parlamentario del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, pidió en tribuna de la Comisión Permanente el voto de los diputados para atender los conflictos agrarios como los que se viven en la zona Diamante de Acapulco, y así evitar que en Guerrero se genere una confrontación parecida a la de San Salvador Atenco.

Dicha petición fue aceptada por unanimidad.

En su propuesta de punto de acuerdo, De la Rosa Peláez explicó que como parte de la política de apertura comercial, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari impulsó una política agraria de liberación de las tierras, y se efectuaron expropiaciones con la finalidad de ofrecer a los inversionistas extranjeros atractivos para el impulso de polos de desarrollo.Esto –dijo– ocurrió en Acapulco Diamante; esta política fue la que originó los problemas de tenencia de la tierra de El Podrido y Plan de los Amates, “ejidos que teniendo su resolución presidencial, y actualmente así concluido el proceso jurisdiccional ante los tribunales agrarios, les han ratificado el reconocimiento de la propiedad”.Señaló que un factor que ha entorpecido la aplicación de la Ley Agraria ha sido la burocracia en las instancias federales, pero que particularmente “es preocupante que ante intereses como los que se ventilan en este conflicto se puede tomar un rumbo que se aparte de la legalidad”.Indicó que esta política de entretener los conflictos agrarios en Guerrero ha generado en la entidad, según estadísticas del Tribunal Agrario, 477 conflictos de este tipo, 50 de ellos de alto riesgo, lo que significa el peligro latente de confrontaciones entre los propios integrantes de los núcleos agrarios o, como en este caso, con particulares.Recordó que el pasado 9 de julio, propuso un punto de acuerdo parlamentario en el que invitó al gobernador a “una intervención más decidida ante las autoridades federales para acelerar la solución de los diversos conflictos agrarios, sin embargo nuestra propuesta fue enviada a dormir el sueño de los justos; la realidad se impone sobre la negativa de cerrar los ojos ante un problema que durante muchos años se recrea en nuestro estado y que desafortunadamente hoy se expresa por estos conflictos”.Subrayó que no es facultad del Ejecutivo estatal resolver los conflictos de esta naturaleza, sino competencia del gobierno federal, pero que también es cierto que en el ámbito de la soberanía estatal “es responsabilidad de las autoridades locales apresurar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno federal, como en este caso es el problema agrario”.Reiteró que diversas organizaciones regionales campesinas han señalado reiteradamente que la solución a los conflictos agrarios, tiene un alto componente de voluntad política del gobernador del estado.Por ello, exhortó al gobernador “a que se sume cabalmente la responsabilidad que le corresponde y active sus buenos oficios ante las autoridades federales, asimismo que encuentren conjuntamente la mejor solución sin recurrir a la violencia institucional, ya que provocaría un ambiente de confrontación entre los guerrerenses”.