Desde entonces, ningún pago por daños reclamados; la Sociedad Cooperativa denunció en 1990 que las obras de desarrollos turísticos afectaban al medio ambiente, al grado de extinguir algunas especies marinas

Hace 14 años se dio la primera denuncia pública de pescadores de Puerto Marqués contra empresas constructoras en Punta Diamante a las que acusa de destruir bancos de diversas especies, principalmente ostiones y almejas, lo que afecta su principal medio de vida.

La Sociedad Cooperativa de Buceadores y Pescadores de Puerto Marqués, insiste en una retribución económica al ser afectada –según la organización– por las construcciones que se realizan en Punta Diamante.

A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Cooperativa de Buceadores los empresarios rechazaron pagar indemnizaciones.

En 1990 cuando los buzos del área denunciaron que la construcción del desarrollo turístico Punta Diamante provocaba deslaves de tierra, que en época de lluvia eran arrastrados al mar, causando sedimentos que provocaron la extinción de especies en las playas Las Cuatas, Majahua, Sirena y Las Cuatitas.

A esta situación se sumó la opinión de científicos oaxaqueños, cuando el 11 de septiembre de 2000, participaron en el Coloquio Regional de Investigación de Recursos Marinos, en esa ocasión hicieron un recorrido por la zona afectada y constataron la contaminación de las constructoras.

En el recorrido, los investigadores confirmaron la existencia de desprendimientos de tierra provenientes de las construcciones que se realizan en la zona Diamante, y con esto los cooperativistas solicitaron a organismos gubernamentales y no gubernamentales su intervención para detener la contaminación.

Ante la falta de respuesta y el impacto a la economía, los inconformes comenzaron con medidas más radicales, y así el 25 de octubre de 2001 unos 50 pescadores y buzos cerraron las oficinas de la Semarnat y la Sagarpa del Palacio Federal para exigir la indemnización por los efectos de la contaminación en los bancos de ostión y almeja de esa bahía.

Según un estudio del Centro Regional de Investigación Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca, el pago fue valuado en 2.5 millones de pesos ante la pérdida de 101 toneladas de ostión y 16 de almeja.

El gobierno estatal sólo entregó un millón 155 mil pesos, es decir, el 46.2 por ciento de la cantidad fijada, la cantidad faltante aún la siguen reclamando.

Dentro de las estrategias de presión los pescadores, el 20 de abril de 2002, pensaron en manifestarse durante la inauguración del Tianguis Turístico, para reclamar la indemnización convenida, manifestación que finalmente no realizaron.

Nuevamente el 5 de marzo de 2002 los inconformes se hicieron públicas sus demandas en las oficinas de Semarnat para exigir un alto al daño ecológico. Solicitaron -además- que la dependencia vigile la forma en que trabajan las empresas constructoras, al asegurar que en la zona de Revolcadero se usaban explosivos para abrir caminos.

El pasado 24 de febrero cerca de 100 pescadores y buzos de la playa Puerto Marqués, iniciaron un plantón frente a las puertas del Hotel Quinta Real.

El 2 de marzo de 2004 se difundió que la mala planeación de una carretera a lo largo de Punta Diamante, aunado a los trabajos que realizan empresas de gran turismo, ha provocado daños considerables a especies como los moluscos bivalvos y a los recursos pesqueros en la zona, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Pesca y la Sagarpa.

En tanto, centenas de inconformes mantienen un plantón frente al único acceso al desarrollo, para exigir la reparación de los daños con la indemnización. El entonces delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz reconoció los daños.

Después, autoridades, inversionistas e inconformes signaron una minuta de acuerdos para realizar un estudio en la zona contaminada.

Pero el 16 de febrero los pescadores volvieron a plantarse, luego de que el viernes 20 del mismo mes, el gobierno del estado les canceló una reunión que tendrían con las autoridades ambientales y con los inversionistas.

Tras esperar la reunión por más de 30 días, ésta finalmente sucedió el pasado 20 de marzo, y allí los representantes de los empresarios de Punta Diamante dijeron a los integrantes de la cooperativa que no están dispuestos a pagar 12 millones de pesos que exigen como indemnización a los 68 agremiados que dicen estar afectados.

“No estados de acuerdo y no vamos a pagar algo que no hemos hecho”, dijo el representante del Grupo Mexicano de Desarrollo, Gerardo García Miranda y aseguró que sólo una instancia competente podría determinar si las constructoras son responsables por las afectaciones, en este caso la Profepa.

Su propuesta es aportar en un momento dado, recursos a un fideicomiso para proyectos productivos en beneficio a esa región, porque “no puede ser que una organización quiera todo y después venga otra y otra”.

La postura de los cooperativistas la manifestó el presidente Pedro Morales Flores que reiteró los daños en su fuente de trabajo, y aseguró que continuarán con el plantón hasta obtener una respuesta positiva a su demanda de indemnización.