Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, le informó a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le concedió las medidas cautelares por el caso de desaparición forzada de su hermano Vicente Suástegui y a su familia, pues denunció que fueron amenazados de muerte dos de sus hermanas y él por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Este martes entregó la copia de la resolución personalmente a la gobernadora, que lo recibió en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, y prometió entregar directamente en la Fiscalía General del Estado (FGE) las recomendaciones para la investigación del caso.
Este martes en la explanada del recinto del Poder Ejecutivo, en Chilpancingo, durante el acto de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, donde entregó paquetes para casas de estudiantes, llegó Marco Antonio Suástegui acompañado de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes se acercaron para que la mandataria estatal los viera, pero Suástegui Muñoz fue jaloneado por un guardia de seguridad, lo que molestó al luchador social quien también le dio un manotazo. Tras el incidente, personal de la Secretaría Particular de la gobernadora atendieron a Marco Antonio y lo retiraron del evento hasta la recepción del edifico Centro.
Ahí el luchador social y el abogado esperaron hasta que concluyera el acto de la gobernadora, y tras unos 25 minutos, ella los escuchó.
Entrevistado antes del encuentro, Marco Antonio Suástegui informó que los tres detenidos “ya dijeron dónde está Vicente (Suástegui, su hermano), quién lo tiene, incluso hay nuevas pistas, hay un nuevo testimonio que dijo haber visto con vida a Vicente, por eso vengo muy desesperado, vengo a buscar ayuda, el apoyo de la gobernadora, ya me dijo la gobernadora ahorita que me va a recibir, que me va a atender”.
Agregó que “ya llegaron las medidas cautelares de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), el caso de Vicente ya es un asunto internacional, como el gobierno mexicano, la Fiscalía no nos han querido hacer justicia, entonces acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya fijó medidas cautelares, ya estamos protegidos internacionalmente, porque apenas el domingo fui amenazado de muerte por la UPOEG”.
Reprochó que minutos antes cuando intentó acercarse a Salgado Pineda, los guardias de la gobernadora “esta gente estúpida nos maltrata, nos hace menos, nos ve con cara de desprecio, traté de hablar con la gobernadora iba a hablar conmigo y una persona me dio un jalón fuerte y tuve que tirarle un chingadazo, no tuve de otra, eso no se vale, ese no es gobierno que nosotros pusimos, pronto habrá un descontento, se los puedo asegurar”.
Agregó que dos de sus hermanas fueron amenazadas por la UPOEG, “y el día domingo fui amenazado yo, en dónde me mandaron la advertencia de que de un momento a otro me van a asesinar”.
Aseguró que por eso es importante que las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana se cumplan a cabalidad, “le voy a entregar yo esto personalmente a la gobernadora y además vengo acompañado de mi abogado, Vidulfo Rosales Sierra, para hacerle de manifiesto también que el tercer detenido, que es jefe de la banda delincuencial Los Rusos, al parecer quiere cooperar para dar con la detención de quienes se llevaron a mi hermano y con el paradero de mi hermano”.
Dijo que tiene otro testimonio de un joven que estuvo amarrado y torturado por la UPOEG y “que vio a Vicente lastimado, lo vio amarrado, pidiendo ayuda”.
Marco Antonio Suástegui, Vidulfo Rosales Sierra y la gobernadora hablaron durante unos 15 minutos, la gobernadora firmó de recibido el documento y le dijo a Suástegui que ella este miércoles hablaría personalmente con el encargado de la Fiscalía General del Estado.
A la gobernadora, Marco Antonio Suástegui le hizo la petición breve de que considerara al abogado Vidulfo Rosales Sierra para ser titular de la Fiscalía General del Estado, aunque éste mantuvo una postura seria de desaprobación e incomodidad, en tanto, la gobernadora sólo tomó del brazo a Rosales Sierra y tras unas palabras los tres sonrieron, aunque al respecto ya no quisieron abordar el tema Rosales Sierra y sólo Marco Antonio dijo que ya no se podía porque el plazo de registro de aspirantes se terminó.
Después todos posaron para una fotografía y tras despedirse, la gobernadora subió al elevador del edificio hacia su oficina particular.
La resolución 93/2021 con la medida cautelar número 990-21, con fecha del 23 de noviembre de este año, bajo el nombre de Vicente Iván Suástegui Muñoz y familia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras analizar el caso y las respuestas del Estado mexicano consideró que la información presentada demuestra prima facie que Vicente y los integrantes identificados de su familia están en una situación de “gravedad y urgencia”, pues hasta la fecha se desconoce su paradero, por eso solicitó a México que “adopte las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Vicente Iván Suástegui Muñoz, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal” y que “adopte medidas necesarias para la protección de la vida e integridad personal de los integrantes identificados de la familia del señor Suástegui”.
También le solicitó que informe las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición, y que el gobierno de México informe en plazo de 15 días, a partir de la fecha de la resolución, “la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”.
La resolución fue aprobada el 23 de noviembre de 2021 por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera; la primera vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón y las integrantes de la CIDH, Margarette May Macaulay y Esmeralda Arose-mena de Troitiño.