* Niega el agente del MPF, Abelardo Camacho, que hubiera brutalidad policiaca en la operación * Informan inconformes que hay una averiguación en contra de las personas que vendían esas marcas y una lista de los mercados que próximamente serán cateados

 Karina Contreras * Comerciantes de algunos mercados del puerto marcharon a la delegación de la PGR, para exigir que les devuelvan las casi 3 mil piezas que les decomisaron en la operación del domingo.Asimismo, se quejaron por la forma prepotente con que los agentes encargados de la actividad actuaron contra los locatarios.Los más de 60 comerciantes de mercados como Santa Lucía, de Caletilla; de Caleta; Papagayo y parián Icacos, entre otros, salieron del mercado de La Diana con rumbo a las oficinas de la delegación de la  Procuraduría General de la República (PGR), a las 11 de la mañana.Portando pancartas los inconformes manifestaban su repudio a las acciones “violentas” con la que actuaron las autoridades policiacas. Asimismo, en ellas se leía: “Por favor, regresen la mercancía robada. PGR”, o “Alto al hostigamiento de la PGR”.

En las instalaciones de la PGR –ubicadas en calle Mar Mediterráneo– una comisión integrada por el presidente de comerciantes de La Diana, Julio Marcos Matías; el de los parianeros de Icacos, Felipe Martínez Reynoso; la líder del Santa Lucía, Paula Castillo Díaz, entre otros, fue recibida por el agente del Ministerio Público de la Federación de la Cuarta Agencia de Procedimientos Penales, Abelardo Camacho Reyes.

Pero mientras se daban las pláticas con las autoridades, en el portón de la dependencia hubo forcejeos entre los guardias y los inconformes.

Allí la molestia se debió a que a las puertas les colocaron candados y no se permitía el acceso a la prensa, por lo que en un momento en que se retiraron los candados los comerciantes las empujaron y entraron por la fuerza.

Los guardias no pudieron hacer nada mientras recibían las burlas de los locatarios, quienes les señalaban que habían entrado como ellos lo habían hecho un día anterior en sus locales.

El escándalo generado en la planta baja obligó al agente del MP federal, Abelardo Camacho Reyes, a bajar para pedir calma, pues los empleados de esa dependencia sólo alteraban a la gente e incluso evitaron que los reporteros pasaran a la reunión que se sostenía con los locatarios.

En una entrevista en las escaleras, Camacho Reyes dijo que el decomiso fue por una denuncia presentada por el grupo Anderson contra toda la mercancía pirata que maneja su marca.

Por lo que –dijo– la PGR actúa en función de las denuncias y querellas que presentan los apoderados de las diferentes empresas. Señaló que lo que hacen los locatarios es piratería, ya que las marcas registradas no pueden estar expendidas en lugares no autorizados.

Camacho Reyes defendió a sus agentes al argumentar que la operación se efectuó limpiamente y sin violencia. Al preguntarle dónde se encontraba la mercancía, respondió: “está bajo la custodia del agente federal de investigaciones mientras se emiten  los dictámenes correspondientes”.

Dijo que los cargos por vender mercancía pirata son grave y están establecidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Adelantó que los cargos podrían ser de 3 a 9 años de prisión, y las multas de 300 hasta 10 mil días de salario mínimo.

Al preguntarle por qué no actúan contra los productores de esa mercancía, dijo que tiene ubicadas ya algunas bodegas pero que por “razones de seguridad no se puede decir”.

Después de casi una hora de negociación salió la comisión de comerciantes, la cual informó que el agente del MP Federal se negó a devolver la mercancía mientras no se presentaran facturas o algún recibo para comprobar la propiedad.Incluso la líder del mercado Santa Lucía, Paula Castillo Díaz, señaló que fueron amenazados de que había una averiguación en contra de las personas que vendían esas marcas, por lo que pidió a los locatarios no acudir solos a la PGR porque podrían ser detenidos.También fueron advertidos de que hay una lista de los mercados que próximamente serán cateados, por lo que los vendedores advirtieron que no permitirán más atropellos  y que incluso acudirán con el procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, porque insistieron que “son comerciantes no delincuentes”.