* La ley la da diez días para dictaminar; ya se tomó siete meses, argumenta el diputado del PT t Demandan también indagar sobre un juez federal y un perito  

Raquel Santiago Maganda * El presidente de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Félix Castellanos Hernández, anunció que ante la falta de resolución al conflicto ejidal de El Podrido, pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar al Tribunal Superior Agrario.Anunció que el próximo sábado se efectuará una asamblea en la que se prevé la asistencia de campesinos de ejidos que tienen conflictos, con el objetivo de debatir los problemas agrarios más difíciles del estado.El diputado petista anunció que hoy _en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará una excitativa de justicia para que el Tribunal Superior Agrario dé solución al conflicto, y previó que será aprobada.Argumentó que la ley da 10 días a los Tribunales Agrarios para dictaminar, y en el caso de El Podrido se debió hacerlo el 18 de enero, pero “han pasado 7 meses sin respuesta”.Criticó que los magistrados se encuentran de vacaciones hasta el 6 de agosto, mientras que los campesinos están cerca del estallido social y la violencia por los más de 10 mil casos pendientes de solución.Castellanos Hernández informó que la excitativa de justicia está respaldada por el artículo 97 de la Constitución, que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a algunos de sus miembros o jueces de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios  comisionados especiales para que averigüen la conducta de algún juez o magistrado federal, o alguna situación que constituya grave violación de alguna garantía individual.Dijo que a la asamblea del sábado asistirán unos 2 mil campesinos, algunos de ellos integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), además de campesinos de San Salvador Atenco que se oponen a que en sus tierras se construya el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.Informó que hace un año presentó como alternativa para evitar los conflictos agrarios, la constitución de un fondo al que el gobierno federal aportara 15 millones de pesos, y el gobierno estatal cinco millones.Lamentó la apatía de las autoridades, porque “se preocupan más por destinar recursos para las campañas electorales, en lugar de solucionar estos problemas que pueden desbordarse”.Después mencionó los litigios ejidales de Lomas de Chapultepec, Icacos, La Poza, Llano Largo, Plan de los Amates, Bonfil y El Podrido

 Se promoverá que Punta Diamante regrese a los campesinos: diputado

Félix Castellanos anunció que el sábado también viene la comisión de Reforma Agraria para pedir el proceso de reversión de las expropiaciones.Esto por la serie de irregularidades en las expropiaciones destinadas a obras públicas “y no a complejos turísticos” que ahora pertenecen a funcionarios y ex funcionarios de todos los partidos.Mencionó que la ley especifica que después de cinco años sin realizarse el objetivo de la expropiación, procede la reversión a pesar de que las tierras se hayan vendido. Mencionó que cada metro cuadrado llega a venderse en 300 ó 400 pesos.Esto, aseguró, demuestra la perversidad y la corrupción de Ruiz Massieu, porque el proyecto de Punta Diamante, que “fue cacareado” por el entonces gobernador, está siendo construido sobre las familias campesinas.“Existe una voracidad por terminar con el patrimonio de los acapulqueños y entregarlo en bandeja de plata a los empresarios”, dijo.Indicó que la comisión legislativa que preside apoya la investigación de los decretos de expropiación del puerto y de San Salvador Atenco, aunque precisó que los empresarios dicen que han comprado de buena fe los terrenos.Ejemplificó que debido a que la ejecución de las expropiaciones abarcó más tierras que las señaladaas por los decretos, en El Podrido faltan 44 hectáreas y en Plan de los Amates 51 más, que fueron utilizadas por funcionarios del gobierno “para beneficiarse de manera personal”.Indicó que en 1984 Lomas de Chapultepec fue expropiada con 700 hectáreas para construir una unidad habitacional para gente de escasos recursos, la cual aún no se ha construido.Según boletín, también el 25 de julio de 2001, la diputada del PVEM Ericka Spezia Maldonado remitió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) para hacer una investigación sobre la legalidad de la tenencia de la tierra de El PodridoExplica el boletín que los ejidatarios fueron despojados de sus tierras “ por una serie de resoluciones injustas e ilegales”, a pesar de que por resolución presidencial se concede a los vecinos solicitantes del poblado denominado El Podrido dotación definitiva del ejido.También se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación investigar las irregulares actuaciones del juez tercero de distrito, Jacinto Figueroa Salmorán, y del perito Víctor Manuel Moyado Paredes.