Daniel Velázquez

Para hacer frente al cambio climático en Acapulco deberían estar en proceso 88 acciones a corto, mediano y largo plazo en las áreas de protección civil, transporte, salud, infraestructura y fortalecimiento de instituciones.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de Turismo, la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, Centro de Estudios Superiores en Turismo y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, denominado Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Variabilidad Climática y el Cambio Climático en Diez Destinos Turísticos Estratégicos, así como Propuesta de un Sistema de Alerta Temprana a Eventos Hidrometeorológicos Extremos, disponible en la página www.gob.mx se detallan algunos de los impactos que tendrá el cambio climático en el municipio.
Algunas de las estimaciones que se desprenden del estudio es que la temperatura anual en el municipio este año podría aumentar hasta 1.3°C y este incremento pudiera ser continuo hasta 2080 y alcanzar los 3.3°C para ese año.
También se prevé que en este mismo periodo de 2020 a 2080, las lluvias disminuyan hasta en 17.5 por ciento y que el nivel del mar aumente 3 milímetros por año.
El estudio también alerta que Playa Revolcadero y Puerto Marqués son las áreas que sufren de erosión por el oleaje que arrastra la arena y no la devuelve a las mismas playas.
También se identifican 526 establecimientos en riesgo de inundación por marea de tormenta, debido a que se ubican a menos de siete metros sobre el nivel del mar, entre los que se ubican servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios de esparcimiento, cultural y recreativos, transporte, correo y almacenamiento.
Los ríos que pueden generar riesgo de inundación por desbordamiento por lluvias extremas son Camarón, Costa Azul, Morro y Palma Sola (Aguas Blancas).

Las amenazas y los riesgos

Las amenazas identificadas son inundación por marea de tormenta, elevación del nivel del mar, inundación fluvial y refracción de oleaje, vientos extremos, sequía y aumento de la temperatura.
Los efectos que se prevén son inundaciones, daños a la población, a la infraestructura, a la economía y al ambiente; afectaciones a la salud, integridad y la vida de las personas; inundación de zonas bajas (turísticas y urbanas), carreteras y accesos, erosión de playa; derribo de anuncios espectaculares, daños en las construcciones (techos y cristales); pérdida de la red eléctrica y telefónica; derribo de vegetación (palmeras, árboles y arbustos); efectos en las vías carreteras, puentes, en la navegación marítima y aérea; derrumbes en carreteras y señalamientos viales; inundaciones y desborde de drenajes de aguas residuales y contaminación por residuos sólidos; contaminación de la bahía de Acapulco por descarga de inundaciones; aumento de enfermedades transmitidas por vectores; competencia del recurso de agua (usos domésticos, actividades económicas); disminución de la disponibilidad de agua dulce, salinización y contaminación de cuerpos de agua; pérdida de cosechas; destrucción de barreras naturales de protección; insolación o golpe de calor.

Acciones

El estudio propone 24 acciones a corto plazo, algunas de las propuestas son elaborar el programa de acción climático municipal para evaluar la vulnerabilidad actual del municipio e identificar medidas de adopción; identificar e inventariar los suelos aptos para construir reservar territoriales para la población de menores ingresos; mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos; reubicar a familias asentadas en áreas de riesgo e instrumentar acciones coercitivas y penales para frenar el crecimiento urbano irregular.
Identificar las zonas de riesgo para prohibir la edificación de infraestructura y asentamientos humanos; legislar en materia de facultades municipales para tener mayor grado de actuación; crear mecanismos para promover la contratación de seguros contra riesgos del sector hotelero; contratar instrumentos financieros (seguros) para compartir el riesgo por desastres hidrometeorológicos; Protección Civil debe contar con una partida de recursos propia e independiente de otras áreas administrativas, con el fin de mejorar capacidades de personal, infraestructura, capacitación y difusión; la autoridad federal debe limitar la emisión de autorizaciones y permisos en zonas de riesgo.
Impulsar programas dirigidos a la población local y turistas que informen de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección en caso de riesgo; elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre prevención de riesgos; diseñar una estrategia de educación y comunicación que difunda los resultados de las investigaciones, que involucre a la sociedad y consolide su participación en el diseño de acciones preventivas y correctivas; realizar campañas de comunicación de efectos a la salud de golpes de calor, dirigido a la población local y turistas; establecer un programa especial de atención a la población para la temporada de calor.
A mediano plazo se proponen 46 acciones entre las que están elaborar el Plan Municipal de Ordenamientos Territorial para incorporar criterios preventivos ante el cambio climático en su diseño, a fin de contribuir a la seguridad de los asentamientos humanos; actualizar el Plan de Desarrollo Municipal para incorporar medidas preventivas para reducción de riesgo que deriven del Atlas de Riesgos; actualizar la reglamentación sobre el uso de suelo orientados a la prevención y reducción de riesgos; capacitar y certificar al personal de Protección Civil.
Prohibir el establecimiento de asentamientos humanos en zonas inundables o que se encuentren por debajo del nivel medio del mar en el área urbana y establecer programas de créditos para la reubicación y o adecuaciones en las construcciones de las poblaciones y servicios ahí asentados; considerar el Atlas de riesgo para el diseño, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura a fin de eliminar riesgos a la población debido a inundaciones; diseñar y construir drenaje pluvial adecuado y adaptado a lluvias extraordinarias en la demarcación urbana; establecer redes eléctricas y telefónicas resistentes a vientos extremos; poda continua de vegetación para evitar choque con cables eléctricos.
Mejorar la infraestructura de transporte para facilitar la evacuación en situaciones de desastre; creación de rutas de evacuación resistentes a eventos hidrometeorológicos extremos; reforestar riberas de cuerpos fluviales para disminuir velocidad del flujo evitar riesgos de erosión; restauración y conservación de ecosistemas de humedales, por constituir barreras naturales para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos extremos; establecer restricciones en el uso de especies exóticas invasoras; aplicar un sistema de alerta temprana que faculte a los tomadores de decisiones, individuos y comunidades que enfrentan una amenaza, a que actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas y daños a los bienes y al medio ambiente.
A largo plazo se deben impulsar 18 acciones: llevar a cabo un estudio de calidad de agua y grado de contaminación de la bahía; llevar a cabo un estudio que permita conocer la calidad y caudal de las descargas residuales directas al mar para establecer un programa para determinar el tipo, ubicación y número de plantas de aguas residuales que deben de construirse para cubrir la totalidad del volumen de agua residual generado, en el que se incluya la capacitación del personal que se hará cargo del manejo de las instalaciones; siembra de cultivos y variedades con bajos requerimientos de agua; identificar fuentes complementarias para dotación de agua potable.
Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos, públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria.
Las dependencias encargadas de estas acciones son el gobierno del estado y el gobierno municipal con el financiamiento de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Educación Pública.