Karina Contreras

El director de la compañía minera Cuzcatlán, ºque se encuentra en Oaxaca, y representante en México de la empresa canadiense Fortune Silver Mines, Luiz Camargo, subrayó que están a favor de las consultas como lo propone el gobierno federal, pero para nuevas minas, “principalmente donde existen comunidades indígenas para nuevas operaciones”, pues para las que ya están en curso no tienen sentido.
Sobre la propuesta del titular de la Procuraduría Agraria, Rafael Hernández Palacio Mirón, de que se debe reformar la Ley Minera paaa que se incluyan, entre otros aspectos, la obligatoriedad de manifestación de impacto ambiental, así como la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y núcleos agrarios lo que va a permitir la protección del derecho a la libre determinación, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, a la biodiversidad y a la identidad cultural y el representante de mineros respondió: “Nosotros no tenemos ningún inconveniente”.
“Desde que exista una certidumbre jurídica o marco legal donde podamos actuar, porque al final de cuentas también tenemos que rendir cuentas a los propios accionistas, estamos de acuerdo, no hay ningún inconveniente en que se revisen las leyes. Lo que nos preocupa en este momento son los mil 200 trabajadores que pueden quedar sin trabajo, que puede generar una convulsión social, y eso causará un problema en donde no existe”, dijo Luiz Camargo en referencia a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no les ha renovado la vigencia del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), para la mina San José, en San José del Progreso en Oaxaca, el cual se vence el sábado 23 de octubre.
En declaraciones al terminar una conferencia con reporteros dentro de las actividades de la 34 Convención Internacional Minera que se lleva a cabo en Acapulco, el director de la compañía minera Cuzcatlán manifestó que están de acuerdo en las consultas, pero no en las minas que ya están en cursos y ya fueron aceptadas por las comunidades y, ejemplificó, que ellos vienen de un distrito minero desde 1700 y que cuando la empresa llega a San José del Progreso, en Oaxaca, “lo que es importante recalcar que las operaciones solo están en esa comunidad, hay otras comunidades que se dicen están afectadas pero eso, pero no estamos ahí. Cuando llegamos ya había actividad minera, ya había la aceptación de la comunidad, de los pueblos indígenas”.
Añadió el representante minero que lo que están haciendo es dar continuidad a un desarrollo compartido que tienen en los valles centrales y tienen esa responsabilidad para mantener esos trabajos y no generar una disfunción social, “pero contestando la pregunta también estamos a favor de las consultas para nuevas actividades sí, para lo que esta en curso no tiene sentido “.
Sobre que pareciera que hay una cerrazón del gobierno federal al diálogo con los mineros, el empresario minero señaló: “Quiero creer que a actitud del gobierno federal con nosotros es muy buena. Tenemos muy buena relación con la secretaría de Economía, con la secretaría de Gobernación y con ciertos miembros de la propia Semarnat, Profepa. Lo que creo que es que está pasando una situación de entendimiento entre los intereses de las autoridades y los intereses de las comunidades, que es nuestro caso”.
Dijo que sigue confiando que la empresa junto con las autoridades “vamos a buscar un punto de convergencia en el cual podamos garantizar la continuidad de la operación de la mina”. Y es que dijo a los reporteros que están en un proceso de regularizar dos procedimientos ante Semarnat y el primero es la renovación de lo que se llama “técnicamente la vigencia del MIA original del 2009. Este proceso en teoria es simple que debería tomar pocos días para hacerlo porque es un proceso administrativo y que tiene vigencia hasta el 23 de octubre, hasta el sábado, y nosotros estamos con la solicitud para esta ampliación desde mayo, en julio nos pideron más información y diez días después mandamos la información y desde entonces no ha pasado nada”.
El otro es la autorización de Semarnat para las 73 obras que están por regularizar, la cual son derivados de un proceso de inspección de Profepa de una visita que hicieron en el año del 2017 y, en 2019, salió el resolutivo que trae observaciones y aplican una multa que la empresa paga y Profepa solicita para que “readaptemos a la nueva MIA y que fue interpusimos inmediantemnete en ese año. Derivado en la cuestion de Covid hubo un retraso en la comunicación con Semarnat, sin embargo, en julio 2021 la dependencia nos niega esta regularización”.
Dijeron que hicieron un nuevo estudio y una nueva solicitud para la regularización de las 73 obras y la autoridad no ha respondido por lo que espera que atiendan el apelo popular y el sindicato para que se autorice esos permisos para que se puedan mantener el trabajo de mil 200 empleados de la mina, pues de no autorizar las autoridades los trabajos se pueden suspender.