Redacción

El Sur / Ciudad de México

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que las personas defensoras de derechos humanos bajo su protección se concentran en siete entidades: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Además, la mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, explicó –mediante un comunicado difundido este miércoles–, que al inicio de esta administración el Mecanismo contaba con 758 personas; a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 23 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).
Asimismo, reconoció que la impunidad, superior a 90 por ciento en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.
Irazoque Palazuelos mencionó que de diciembre de 2018 a la fecha la instancia a su cargo tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
Remarcó que, de los homicidios registrados, sólo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo.
Entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico, precisó, provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.
El Mecanismo fue creado en 2012 “como eje articulador y coordinador de las fuerzas del Estado mexicano para generar una política nacional –recordó el funcionario–; sin embargo, a 10 años de su creación, pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió en la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.
Irazoque Palazuelos aseguró que en estos tres años se han invertido, a través del Mecanismo, más de mil 200 millones de pesos en la protección de periodistas y personas defensoras; tan sólo para 2022 se aprobó el presupuesto más alto en la historia del Mecanismo: 388 millones.
Por último, subrayó que desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, “se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país”.