Agencia Reforma

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si actualmente el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco no controlan ya al Poder Judicial, al ser criticada su propuesta de reforma para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto ciudadano.
Durante su conferencia mañanera, el Mandatario defendió la iniciativa argumentando que busca quitar el control que presuntamente ejercen los grupos delictivos sobre dicho poder, al cuestionar: “Yo digo que, ¿ahora no lo tienen?”.
“Lo que queremos es quitarles a los delincuentes un poder que tiene que estar al servicio del pueblo, impartiendo justicia. ¿Qué no en muchos casos las resoluciones tienen que ver con los intereses de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco?”, expresó.
López Obrador respondió así a las críticas que han surgido en torno a su reforma judicial, que contempla la elección popular de los juzgadores, una propuesta que ha generado cuestionamientos sobre los posibles riesgos de influencia del crimen organizado en dicho proceso.
“¿Por qué cualquier persona va a poder ser juez? No, si no es cualquier persona. Tiene que ser un abogado. Y le va a ayudar si además de la licenciatura tiene maestría y tiene doctorado”, aclaró al detallar los requisitos planteados.
Pese a las críticas, López Obrador insistió en la necesidad de “purificar la vida pública” mediante el método democrático y la participación ciudadana en la elección de los juzgadores.
Asimismo, subrayó que la propuesta también contempla la participación de jueces, magistrados y ministros en funciones, así como de abogados íntegros e incorruptibles de universidades y barras de abogados.
El Presidente López Obrador aseguró que, a diferencia de sus antecesores, su Gobierno ha respetado la independencia del Poder Judicial.
“Es la primera vez, yo creo que desde el Presidente Juárez, que hay independencia política en el Poder Judicial con relación al Presidente de la República”, afirmó.
Reconoció que no le habría costado trabajo tener a los ministros subordinados, pero rechazó esa práctica al considerar que el mandatario perdería autoridad moral y política.
“¿Ustedes creen que me hubiera costado mucho trabajo tenerlos subordinados a los ministros? No, no, nada, nada más que caeríamos en lo mismo”, expresó.

Moreira advierte que la iniciativa puede ser desechada si no se aprueba el dictamen

La reforma al Poder Judicial depende de que en la 65 Legislatura se apruebe el dictamen, porque de lo contrario será desechada la iniciativa presidencial. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, pidió ayer recordar lo que señalan las reglas internas para evitar el rezago legislativo.
Dijo que el reglamento de la Cámara indica que llegado el último día de la Legislatura, todas las iniciativas que no estén dictaminadas, se desechan. En ese estatus están las 20 iniciativas del Ejecutivo y todas las demás presentadas por los legisladores, no tienen dictamen y están en camino de ser desechadas, comentó.
“Hasta este momento, las iniciativas del señor Presidente de la República no están dictaminadas.
“Para brincar a septiembre con la reforma al Poder Judicial, requieren dictamen. Si no hay dictamen, no brincan a septiembre”, advirtió el legislador del PRI.
Reconoció que Morena todavía tiene junio, julio y agosto para dictaminar, no sólo la iniciativa sobre Poder Judicial, sino todas las demás del Ejecutivo presentadas el 5 de febrero.

No vamos a debatir, vamos a oír la opinión de jueces y ministros, dice diputado morenista

Los foros sobre la reforma judicial “son para oír” no para debatir pues “las cosas están claras hacia dónde van”, afirmó ayer el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucio-nales de la Cámara de Diputados.
Dicha Comisión es la responsable de dictaminar la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros en urnas con voto popular.
“Estamos pensando en aprobar (en la Comisión de Puntos Constitucionales) la reforma a mediados de agosto. Espero que pronto empecemos los foros de audiencia, no vamos a debatir, vamos a oír lo que quieran decir jueces, ministros, barras y colegios de abogados, académicos, vamos a oír su opinión y veremos la pertinencia de alguna adecuación”, dijo Robledo.
Aunque la iniciativa se pretende votar en septiembre en la nueva Legislatura, la número 66, donde Morena tiene la mayoría calificada obtenida en las elecciones del pasado 2 de junio, debe dictaminarse por el actual Congreso.
El artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que “las iniciativas no dictaminadas al término de una legislatura, así como las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos”.
Por lo que si la iniciativa presidencial presentada el pasado 5 de junio no es dictaminada por la 65 Legislatura sería desechada y Morena tendría que presentar otra en septiembre, pero el tiempo para su aprobación podría demorarse más de un mes.

Alertan investigadores de la UNAM por el riesgo de una “purga” de juzgadores

Integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) alertaron sobre los riesgos que representaría la aprobación de la reforma al Poder Judicial impulsada por el López Obrador y apoyada por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Los especialistas advirtieron que, de avalarse en sus términos, los cambios prácticamente implicarían una purga de juzgadores, con la finalidad de que el partido mayoritario en turno pueda apoderarse de esos espacios, a través de una elección en las urnas.
“Las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzandopor la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró Javier Martínez Reyes, investigador de tiempo completo del IIJ.
Cesar Astudillo, investigador del IIJ, consideró que el daño provocado por esta reforma constitucional podría ser mayúsculo, ya que implicaría “el cese inmediato de mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas”.
El especialista Juan Jesús Garza Onofre, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, advirtió sobre el posible surgimiento de “súperjueces” o “metajueces”, que estarán a cargo del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Preocupa a abogados el posible aval a la elección de jueces

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) manifestó ayer su preocupación por la propuesta de elegir a los jueces por voto popular, planteada por el Ejecutivo federal, dadas las condiciones de seguridad del país y porque no atiende el problema de impunidad.
En un comunicado, el Presidente de la asociación civil, Víctor Olea Peláez, expresó que la BMA se sumaba a la apertura de la presidenta electa para someter esta propuesta de reforma a un amplio proceso de discusión.
“La iniciativa presentada por el Presidente no atiende a los problemas de la justicia penal, familiar, civil o laboral, ni plantea soluciones a los problemas de creciente impunidad que vivimos en el país”, añade.