El gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se reunió con María Elena Bretón de la Cruz, abuela de Daphne Fernández, la joven abusada sexualmente por los juniors de Costa de Oro en Boca del Río e identificados por la opinión pública como Los Porkys.
Fuera de su agenda pública y acompañado solo del alcalde de Veracruz Ramón Poo, el mandatario priista acudió al negocio de la familia de la víctima para “prometer” que en el delito cometido contra la joven en enero del 2015 “no habrá impunidad” y que se aplicará castigo para los jóvenes involucrados, sin importar si sus padres son prominentes empresarios o políticos.
La reunión fue difundida por el mismo gobernador a través de su cuenta oficial de Twitter @Javier_Duarte. En la misma red social, el funcionario garantizó que habrá justicia. El caso se encuentra en desahogo en la Fiscalía General del Estado (FGE), ente autónomo del gobierno priista.
En ningún momento el funcionario explicó la razón por la que fue excluido de esa reunión Javier Fernández, padre de la menor agraviada y quien desde días antes comenzó la lucha en redes sociales para exigir justicia por el caso y castigo para los presuntos responsables Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
Y es que, aunque el abuso sexual ocurrió en enero del 2015, la familia Fernández interpuso la querella penal hasta mayo. Un año después, al no ver ningún avance en la investigación ministerial, decidió recurrir a las redes sociales y a la prensa nacional para denunciar el caso.
En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05 –a la que este reportero tuvo acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del ex alcalde de Nautla Felipe Capitaine, y Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz, hijos de conocidos empresarios, subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un vehículo Mercedes Benz. En el trayecto la manosearon y sometieron hasta llevarla a un domicilio del fraccionamiento Costa de Oro. En el baño del inmueble, Enrique Capitaine abusó sexualmente de ella.

“Presiones mediáticas”

Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del Estado (FGE), reviró ayer que la impartición de justicia no cederá a “presiones” mediáticas, políticas o ciudadanas “vengan de donde vengan”.
Así aludió a los dos casos de jóvenes víctimas de abuso sexual y violación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río presuntamente a manos de hijos de políticos y de gente adinerada. Ambas denuncias han acaparado los reflectores de la prensa nacional y han sido motivo de repudió de organizaciones gubernamentales y protectoras de derechos humanos.
El funcionario aseguró que en los casos de Daphne Fernández –cuya causa penal está reservada–, y en el de la hija de Fernanda Cruzado, joven de 19 años abusada y grabada en un video pornográfico en la Tampiquera en Boca del Río –Investigación Ministerial 275/2016–, será la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas presidida por Consuelo Lagunas Jiménez, la que actúe conforme a la ley y con respeto a las garantías de víctimas y victimarios.
“No se excluye que en el segundo caso (la violación en La Tampiquera) quede exento o incluido el delito de pornografía. Podría estar, pero se tendrá que dilucidar, conforme avanzan las investigaciones se despejará… no podemos adelantarnos. La Fiscalía va con la cara en alto, resolviendo de acorde a lo que la jurisprudencia marca. La presión va superada por el mandato de lo que en base a la ley resuelva el ministerio público (sic)”.

Inmujeres pide respeto a derechos humanos

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un urgente llamado al gobierno de Veracruz para que garantice los derechos humanos de Daphne Fernández.
A través de un comunicado, el organismo señaló  que es fundamental que el estado cumpla con las obligaciones de diligencia debida y adopte las medidas necesarias para evitar procesos de revictimización para la menor y sus familiares. También pidió realizar una adecuada investigación de los hechos bajo los más altos estándares del debido proceso, de forma pronta, expedita y con perspectiva de género.