Agencia Reforma

Ciudad de México

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, consideró necesario implementar un mecanismo de monitoreo para aquellos casos en los que los activistas pertenecientes a los grupos de búsqueda se sientan amenazados.
En una reunión con distintos colectivos del Estado de Sonora, en donde fue asesinada el pasado 15 de julio la buscadora Gladys Aranza Ramos Gurrola, la funcionaria dijo que también se debe mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad durante las acciones de búsqueda.
El encuentro, informó ayer la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado, se llevó a cabo el pasado miércoles y a él asistieron integrantes de los colectivos Buscadoras por la Paz, Madres Buscadoras, Guerreras Buscadoras, Familias Recuperando Tesoros y Rastreadoras de Ciudad Obregón.
“Las representantes de los colectivos externaron su preocupación por las condiciones de riesgo a las que se ven expuestas por las diversas actividades que realizan en materia de búsqueda de personas, así como derivado del reciente asesinato de una de sus compañeras que formaba parte de uno de los colectivos de la entidad”, refirió la dependencia.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, indicó que, desde la Segob y en coordinación con el Gobierno de Sonora, se desarrollarán acciones de protección en casos específicos.
El pasado miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que se está dando seguridad a Cecilia Flores, integrante del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue amenazada de muerte tras el asesinato de Ramos Gurrola.