Poco después de la elección presidencial y con la victoria de Andrés Manuel López Obrador más que asegurada, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se llevaría al Congreso la iniciativa de legalizar la producción de marihuana y, destacadamente, de amapola. El Congreso de Guerrero le tomó la palabra: envió al Senado una propuesta para que los derivados de la planta sean regulados con fines medicinales.
La acción fue un “exhorto, porque los estados no tienen facultades para despenalizar el cultivo, o cualquier tipo de drogas”, precisa Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Es una llamada de atención al Congreso federal y al próximo gobierno. En Guerrero, no es sólo que existan cultivos ilícitos en manos del crimen organizado o que campesinos estén a sus órdenes. Existen, porque hay autoridades locales y federales corrompidas, para extraer la goma, traspasarla y sacarla del estado”, puntualiza.
Cuando se piensa en cuáles son los efectos que tiene la actual legislación, insiste, “hablamos de campesinos sin opciones de cultivo distintas, de la corrupción, pero también de que la política de gobierno consiste en erradicar estos cultivos, utilizando químicos que son absolutamente dañinos para los campesinos y el medio ambiente. La forma en la que se aplican puede ser manual, lo cual es peligroso para los soldados encargados de ello”.
Por eso, señala, “hay que atender el llamado del estado de Guerrero, pues sus poblaciones son de las principales afectadas”.

Circuito cerrado de producción y compra legal para medicamentos

A la iniciativa para la legalización de la siembra, cultivo y cosecha de la amapola que aprobó el Congreso local para enviar al Senado aún le espera un largo camino por recorrer. Deberá ser turnada a comisiones, votada por el pleno y después revisada por la Cámara de Diputados. Se aprobó a casi dos años y medio de que se inició la discusión con la propuesta del gobernador Héctor Astudillo, y la iniciativa del diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja. Justo luego de que Sánchez Cordero informó que tenía “luz verde” del presidente electo para “explorar las opciones de pacificación” en el país.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), aplaude la iniciativa y dice que su organización está a favor de la regulación legal de las drogas.
“El estado de Guerrero no tiene facultades para legislar en materia de estupefacientes. Por lo tanto, la iniciativa es prácticamente un exhorto a que el Congreso federal legisle. Si lo hace, podría beneficiar a más estados, además de Guerrero. Es mucho mejor controlar por la vía legal mercados que existen, que siempre tendrán oferta y demanda. En la ilegalidad, no es posible ese control. Cada sustancia requiere una regulación distinta. No es lo mismo regular cultivos de amapola que hacerlo con cannabis recreativo”, enfatiza.
–En el caso de la amapola, el fin no es el suministro para usuarios recreativos.
–Así es. La regulación es para que México entre en un circuito cerrado de producción y compra legal para medicamentos, que sólo existe en 19 países. Sí, a nivel internacional, hay un mercado de amapola y sus derivados, y toda la producción en esos países se destina a la compra dentro de ese circuito por privados y otros Estados para la producción de medicinas. Se comercializa la goma de opio para producir, por ejemplo, morfina.
Legalizar –continúa Sánchez– no implica que haya interacciones entre privados e individuos que vayan a poder comprar sus cinco kilos de goma de opio. Nadie está entendiendo eso: se cree que es legalizar para que los usuarios de fentanilo lo obtengan legal. No: se trata de transferir la producción ilegal de Guerrero a un mercado legal. Hacer de México el país número 20.
–¿Qué tanto contribuiría a la pacificación?
–Es una posibilidad para que territorios específicos, como Guerrero, logren cierta pacificación, sin duda, pues tenemos a todos los cultivadores de este cultivo ilícito presos de organizaciones criminales que los obligan a producir, o los mantienen dentro de un esquema de ilegalidad donde ellos controlan los precios, producciones, el acceso de estas personas a la tierra y sus posibilidades de tener o no medios de subsistencia alternativos.
Lograr la pacificación implica echar mano de muchas herramientas, señala Sánchez. “La regulación legal de drogas no es la única. Se requiere desarrollo territorial, forzosamente, en esas comunidades rurales de sierra. Se necesita la presencia del Estado, a través de servicios públicos y de vinculación con la comunidad. Además, las instituciones de seguridad y justicia deben servir a los fines constitucionales que tienen: policías, ministerios públicos y jueces tienen que ejercer mejores condiciones para que los delitos no queden impunes. Si la impunidad continúa, no hay incentivos para reducir la actividad delictiva”.
En el caso de la discusión de la legalización de la producción de amapola, concluye, no se entiende aún que es un tema de salud: “Ayudaría a paliar dos problemas. Uno, la producción de drogas ilícitas de alto riesgo que podrían ser consumidas por población mexicana, aunque aún el índice no es alto. El destino sigue siendo Estados Unidos. Dos, producirías más medicamentos que son necesarios para los enfermos terminales en México”.

Negociar afuera y adentro

El pasado 22 de agosto, Olga Sánchez Cordero informó que la nueva administración acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para modificar los tratados internacionales antidrogas, como parte de una nueva estrategia para la pacificación del país.
Froylán Enciso, investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, celebró aquel anuncio y considera que la iniciativa del Congreso de Guerrero, que el Senado ya dijo que estudiaría, es una “propuesta sensata. Desde 2016, Movimiento Ciudadano y el Congreso guerrerense se pusieron las pilas”.
–Astudillo ha dicho que sí, en el gobierno federal hay resistencia.
–Ha sido el problema siempre. Existe un entorno internacional más restrictivo de regulación de las drogas. Para poder producir opiáceas, morfina, necesitas anunciárselo a la ONU, para que te dé una cuota de producción. Informar que ya no vas a importar y pedir un permiso para exportar. El primer paso es que el gobierno federal tenga la voluntad política de negociar con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque regulan el cártel que produce la morfina global.
–Se debe legislar local e internacionalmente, entonces.
–Sí, debe ser una política integral. Al mismo tiempo que avanzamos hacia negociar un papel diferente en el régimen internacional de control de drogas, hay que adecuar los marcos jurídicos federales internos para poder desarrollar nuestra propia industria.
–Se habla de disminuir la violencia.
–Disminuiría la renta criminal, les daría opciones a campesinos, venderían su opio a la industria farmacéutica. Daría acceso a medicinas, producidas nacionalmente, más baratas, a enfermos terminales. Al menos le quitaría una parte de producción al mercado negro que va hacia Estados Unidos. Tendría varios beneficios, pero no acabará con la violencia, no es suficiente. No es el único negocio de los criminales.

Dos mercados

La legislación federal debe contemplar dos tipos de mercado, “estrictamente regulados”, remarca Catalina Pérez Correa: “uno, en el que el productor sea el Estado, que compre y venda, y otro, particulares que vendan para usos farmacéuticos”.
–En el caso de campesinos e indígenas, ¿qué se requiere?
–La regulación que se vaya a aprobar debe tomar en cuenta cuáles son las poblaciones que han sufrido las prohibiciones. Se deben establecer mecanismos de participación en el mercado legal para estas comunidades. Sería terrible que, si se llegara a regular la producción de amapola, sólo sean las farmacéuticas las beneficiadas, y los campesinos sigan en la misma situación. Si las poblaciones pobres terminarán ganando salarios miserables, trabajando en campos de las farmacéuticas, sin acceso a plantar lícitamente, sería un fracaso la legislación.
Como se ha hecho en Estados Unidos con la marihuana, hay que establecer mecanismos para que las comunidades que han sufrido arrestos tengan un porcentaje de las licencias de producción que se otorguen.
–Pareciera que es el gobierno federal el que se ha resistido.
–En política de drogas, existe una enorme estigmatización y prejuicio que han prevalecido acerca de la posibilidad de establecer un diálogo informado y basado en evidencia. El gobierno no puede seguir anteponiendo los prejuicios de las personas encargadas de legislar sobre el bienestar de estas comunidades. Hay muchos países que tienen producción de amapola, para distintos usos.
Se necesita un mercado regulado de plantación de amapola –insiste–, en el cual participen privados y campesinos que vendan a farmacéuticas nacionales e internacionales para usos médicos, y luego también tendría que haber un monopolio público en el cual hubiera producción y distribución de productos distintos a los farmacéuticos.
–El daño en política de drogas ha sido elevado.
–Se debe de plantear desde la perspectiva de la salud, y eso incluye salir de no hacer nada porque nos preocupa lo que vayan a decir las personas o la reprobación de parte de Estados Unidos. Hay que anteponer los intereses de campesinos, usuarios y población, ante los de otras naciones y los prejuicios de los legisladores.
La legislación en el tema de producción de amapola “no puede esperar más”, finaliza Pérez Correa. “Llevamos años discutiendo en foros. Tiene que haber una señal clara” de que la situación va cambiar.

¿Y el uso recreativo?

Se le pregunta a Lisa Sánchez si es viable legislar sobre el uso recreativo de los derivados de la planta de amapola, y responde que la marihuana “tiene riesgos menores. En las sustancias derivadas de amapola, la potencia de la sustancia, el efecto, el potencial adictivo y riegos son mayores en general, porque hay varias formas de administración. Lo que hoy se discute es darles a estados como Guerrero una oportunidad de abastecer un mercado legal que existe”.
Por separado, Catalina Pérez difiere: “Se deben incluir lineamientos de reducción de riesgos y daños para los usuarios de heroína, que haya sitios de inyección seguros como en algunos países europeos, donde la gente no se contagie de otras enfermedades por intercambio de jeringas, por ejemplo. Que las personas que tienen alguna adicción a la morfina, no se la quiten de la noche a la mañana, que haya tratamientos de sustitución paulatina, quizá. No sólo es la producción”.