Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer su propuesta de desaparecer los órganos autónomos y que sus funciones sean absorbidas por distintas dependencias del Ejecutivo Federal.
La eliminación de estos organismos, entre los que estarían el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aseguró, significaría un ahorro importante para las arcas públicas.
“Yo creo que sería muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100 mil millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores, es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo.
“Y que la función del instituto de la transparencia pase a Economía; que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex”, destacó.
El Mandatario sostuvo que cuando se crearon todos estos organismos la intención era privatizar los bienes del país, por lo que necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses.
“Ahí está el caso del INAI, el instituto de la transparencia, ¿qué caso de corrupción han puesto al descubierto?, nada, pura tapadera, porque, además, si daba uno a conocer algo está uno violando la privacidad”, criticó.
Al mandatario se le preguntó sobre el anuncio de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de que llevaría a cabo una reestructuración del gobierno federal para que sea más austero.
“Celebro que se continúe con la política de austeridad republicana”, respondió el mandatario, que en febrero pasado envió una iniciativa para la eliminación de órganos autónomos, para lo cual requiere mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la cual podría consolidarse en unas semanas tras el resultado de las elecciones de junio pasado.
Hay “crisis de gobernabilidad”
en el Poder Judicial,
señala el Ejecutivo

El presidente dijo que hay una crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial, pues la Corte está rebasada, y aún cuando quisiera que se impartiera justicia con honestidad ya no puede, pues los jueces hacen lo que quieren.
López Obrador afirmó que los jueces tienen muchísimo poder, en exceso, y no tienen ningún contrapeso, por ello, la reforma judicial debe iniciar cambiando “de la base hacia arriba”.
“Lo otro, que creo que es más importante de analizar es si se empieza arriba o abajo, es muy fácil arriba, ya lo expuse, sin embargo, esto lo tienen que tomar en cuenta, hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad, no hay controles, está rebasada la Corte, aún cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren, hay excepciones”, acusó AMLO.

Liberación del hijo de El Marro habría provocado el asesinato de policías, sugiere el presidente

En la mañanera, López Obrador puso de ejemplo que existe la hipótesis de que por la liberación del hijo de El Marro que ordenó un juez, han habido asesinatos de agentes de tránsito en Celaya, Guanajuato.
“Hoy en la mañana nos informan de asesinatos de agentes de Policía y de Tránsito en Guanajuato, algo que preocupa mucho, pero que además duele, porque incluso son agentes de Tránsito sin armas, y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cártel en Guanajuato, esto en Celaya, ayer.
“Entonces, ¿cómo se le da libertad? No estoy diciendo que ese sea el motivo pero lo están manejando como hipótesis, entonces si ese juez actuó así es grave lo que está sucediendo, es un asunto de la vida de ciudadanos, de servidores públicos.
Insistió en que es urgente la reforma al Poder Judicial.

Plantea Sheinbaum al Congreso analizar gradualidad en elección de jueces por voto popular

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró necesario analizar la viabilidad de realizar la elección de jueces, magistrados y ministros de manera gradual, como plantearon integrantes de la Corte, no obstante, aclaró que la decisión será del Congreso.
“A partir de los diálogos, de hecho lo mencionó hoy el Presidente a una pregunta, se abre esta posibilidad de que no todos sean electos en el mismo momento, que es algo que tendrá que definir el Congreso, que tendría que verse la viabilidad también”, señaló.
“Porque cada elección también tiene un costo para el Instituto Nacional Electoral, entonces habría que ver esa viabilidad. Hoy, el Presidente en la mañanera dijo: si fuera por partes hay que empezar desde abajo probablemente, es algo que tiene que decidir el Congreso”.
En conferencia, tras la presentación de Lázaro Cárdenas Batel como Jefe de la Oficina de la Presidencia, Sheinbaum también se pronunció por ver qué alternativas hay para la posible gradualidad.
Cuestionada sobre la posibilidad de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, dialogue con los organizadores de los foros sobre la reforma judicial afirmó que eso ya se dio.
Si la Ministra tiene alguna propuesta adicional, consideró, que la presente a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, que se encargará de dictaminar la iniciativa.
“Ya se dio ese diálogo, ella (Ministra Piña) asistió al primer foro, pues que la presente (propuesta) ahí al Congreso, pues sí, o que se la haga llegar al partido que ella elija, jeje”, comentó.
“Y si no, formalmente a la Comisión de Puntos Constitucio-nales de la Cámara de Diputados, que es quien está llevando a cabo, pero el diálogo sobre la reforma judicial está en el Congreso”.

Cierra la Corte
periodo de sesiones

La Suprema Corte de Justicia terminó ayer su primer periodo de sesiones en un escenario de incertidumbre ante la reforma que podría llevar al relevo de todos sus integrantes, así como a la elección de jueces por voto popular.
En el tintero están al menos 28 asuntos relevantes para el Gobierno de López Obrador que la Corte no tiene para cuándo discutir, y que incluso podrían ya no ser resueltos por la que se perfila como la última generación de ministros y ministras designados bajo reglas de la reforma judicial de 1995.