Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública, a partir de este martes y hasta el 27 de marzo de 2024, casi hasta el final de su sexenio.
El Ejército y la Armada deberán realizar dichas tareas de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional”, la corporación civil creada en 2019 para tareas de seguridad, integrada por elementos de la Policía Militar y la extinta Policía Federal.
“Si bien el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un periodo de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”, se explica en el Acuerdo publicado este lunes.
“La seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”.
A diferencia de los dos sexenios anteriores, cuando la intervención militar en seguridad pública se dio más bien en los hechos y por necesidades del momento, la orden de López Obrador tiene sustento expreso en un artículo de la Constitución.
Se trata del artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional de marzo de 2019 que creó a la Guardia Nacional, que establece:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
López Obrador esperó casi 14 meses para usar la facultad que le confirió este transitorio, y detalló que los gastos que ocasione la intervención de las Fuerzas Armadas deberán ser pagados por la dependencia a la que presten apoyo.
Soldados y marinos podrán ejercer doce atribuciones previstas en la Ley de la Guardia Nacional, que son casi idénticas a las que tenía la Policía Federal.
Si bien la GN está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asumido gastos millonarios para equiparla, incluidas todas las compras de vehículos, materiales para uniformes, construcción de cuarteles y otros que han sido con cargo al presupuesto militar.

La GN, en “consolidación”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) admitió que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia en el país, pues la Guardia Nacional (GN) se encuentra en proceso consolidación.
En un comunicado, con motivo del acuerdo que ordena al Ejército y la Marina llevar a cabo tareas de seguridad pública, la SSPC subrayó que hay avances importantes en la creación administrativa y la “implantación territorial” de la GN.
No obstante, la dependencia reconoció que la fuerza de seguridad creada en 2019 está en fase consolidación, sobre todo en lo que respecta al despliegue que se requiere para cubrir todo el territorio nacional.
“Es por esto que, tal como lo establece la Constitución, se requiere que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública para lograr hacer frente a la delincuencia. Lo cual será hasta el 27 de marzo del 2024”, señaló.
“(Ese) día en que concluye la vigencia del Acuerdo mencionando, dando cabal cumplimiento al plazo de 5 años establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019. El objetivo del Acuerdo publicado hoy es darle operatividad a dicho mandato legislativo”.
La SSPC destacó que a diferencia de lo ocurrido en administraciones pasadas, sin nombrar cuáles, el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación regula la participación de las Fuerzas Armadas.
Contrario a lo sostenido por especialistas y activistas, afirmó que dicho Acuerdo no excede de ninguna forma lo establecido en el texto constitucional y cumple a cabalidad con los parámetros que tanto el constituyente como la Corte Interamericana han establecido
.
El modelo de la Guardia
Nacional fracasó, señala
la oposición en el Senado

El acuerdo con el que se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública evidencia la “militarización” de la República, coincidieron en advertir las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD en el Senado.
Después de sostener que no hay circunstancias que ameriten el involucramiento del Ejército y la Marina en esas tareas, los grupos parlamentarios reclamaron explicaciones para saber por qué el Presidente tomó esa determinación.
“Es la aceptación de la militarización permanente en este sexenio de la seguridad pública”, definió el senador panista Damián Zepeda.
El priista Jorge Carlos Ramírez Marín anunció que el Senado exigirá al Presidente que explique por qué decidió echar mano de las Fuerzas Armadas.
Por el PRD, Miguel Ángel Mancera explicó que la medida es un reflejo del quinto transitorio de la reforma constitucional que dio pie a la Guardia Nacional.

Se acentúa la militarización:
especialistas

La orden a las Fuerzas Armadas para dedicarse a tareas de seguridad pública hasta 2024 acentúa la militarización en el país y representa un “cheque en blanco”, pues faltan mecanismos de supervisión y fiscalización a esas funciones, advirtieron especialistas en seguridad.
Alejandro Madrazo Lajous, investigador del CIDE, consideró que el acuerdo presidencial representa en los hechos una “militarización en todo lados”, incluido el propio Gobierno.
Aseveró que si bien el acuerdo tiene fundamento constitucional -en el artículo transitorio de la reforma que dio origen a la GN- no incluye lo que la misma Carta Magna exige, que es una regulación puntual y mecanismos de fiscalización de dicho despliegue.
Catalina Pérez Correa, también investigadora del CIDE, alertó que contrario a lo prometido por el presidente López Obrador, lo que se está viendo es una versión todavía más profundizada del “militarismo” marcado en los sexenios anteriores.
Afirmó que lejos de que dicho acuerdo regule y fiscalice la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sólo da facultades amplias a soldados y marinos en materia de detención de personas.
“Una de las cosas que me parece muy preocupante es que le da atribuciones a las Fuerzas Armadas para que hagan prevención del delito en aduanas, en transporte público, en aeropuertos, cosa que nunca había pasado en el país”, comentó.
El decreto presidencial normaliza la estrategia implementada durante el Gobierno de Felipe Calderón, consideró a si vez el colectivo #SeguridadSinGuerra.
“El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles”, advirtieron las organizaciones civiles que se agrupan en dicho colectivo.
“Eso, quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset”.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó que está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional.