Europa Press

Madrid / Atlanta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ayer el envío de 1.5 millones de dólares al distrito escolar de Uvalde, tras el tiroteo realizado por un joven de 18 años que dejó 19 niños y dos profesoras muertos en la escuela primaria Robb.
“El Departamento de Educación de Estados Unidos ha ampliado la respuesta de todo el gobierno de la Administración Biden al trágico tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb mediante el desembolso de una subvención de 1.5 millones de dólares del proyecto Respuesta de Emergencia Escolar a la Violencia (SERV, por sus siglas en inglés) al Distrito escolar independiente de Uvalde”, esgrime un comunicado de la Casa Blanca.
Así, ha explicado que los fondos “pueden ser utilizados para las actividades que ayudan a restaurar la seguridad de los estudiantes del distrito, los maestros, el personal y las familias, y que abordan las necesidades específicas de las personas directamente afectadas por el tiroteo”.
Senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata podrían presentar inminentemente una propuesta de proyecto de ley conjunto para incrementar, aunque sea mínimamente, el control de las armas en Estados Unidos.
El acuerdo incluiría una serie de principios, sin un texto formal cerrado todavía, por lo que la iniciativa tendría una larga trayectoria legislativa. Aún así, supondría un gran avance dada la división que suscita esta cuestión a pesar de los recientes ataques como el del colegio de Uvalde, Texas, en el que un joven mató a 19 niños y dos profesoras.
Por otro lado, el gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, ha firmado ayer la conocida como Ley 99, que autoriza a los profesores a llevar armas de fuego tras una formación que duraría como mínimo 4 horas y como máximo 24, lejos de las 700 horas que eran necesarias hasta ahora.
“Mi oficina ha colaborado con la Asamblea General para eliminar cientos de horas del currículum que son irrelevantes para la seguridad en los colegios y para garantizar que la formación sea específica en un entorno escolar, con un entrenamiento pertinente en escenario simulado” ha explicado DeWine en un comunicado publicado por ‘The Columbus Dispatch’.
La norma, que no incluye un mínimo necesario de horas de formación, ha sido aprobada por el Congreso de Ohio, controlado por el Partido Republicano, y es opcional, por lo que será cada distrito educativo el que decida si se acoge a ella.
La ley incluye además una revisión anual de la formación de un máximo de ocho horas y la creación del Centro de Seguridad Escolar y de Crisis de Ohio para desarrollar el temario de la formación.
Por otro lado, una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo entre miembros de una misma familia en un hospital de Atlanta, informaron autoridades.
El suceso ocurrió tarde el domingo en el Grady Memorial Hospital, indicó la policía.
Los familiares habían acudido allí tras otro incidente en el condado DeKalb, dijo el subjefe policial Charles Hampton.
“Lo que sabemos es que el incidente comenzó en el condado DeKalb, y algunos miembros de la familia de allí fueron a la sala de emergencias del Grady”, dijo Hampton a reporteros en el lugar según el diario The Atlanta Journal-Constitution. “Allí estalló una disputa que degeneró en un tiroteo”.
La situación fue rápidamente controlada y no hubo mayor amenaza a la población, expresó Hampton. La policía busca a tres individuos en relación con el hecho.

La Corte Suprema de EU inflige un revés a migrantes detenidos

La Corte Suprema de Estados Unidos infligió ayer un revés a los extranjeros detenidos en centros de detención tras cruzar ilegalmente la frontera, en casos que pusieron en problemas al gobierno del demócrata Joe Biden con defensores de los derechos de los migrantes.
El máximo tribunal de justicia del país dictaminó que estos migrantes no tienen el derecho consagrado de solicitar una audiencia de liberación incluso después de seis meses de detención.
Los casos se referían a mexicanos detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Estos migrantes pidieron no ser devueltos a su país citando amenazas de tortura allí.
Tras varios meses sin respuesta, exigieron el derecho a comparecer ante un juez para, a la espera del resultado del procedimiento, quedar en libertad bajo fianza. En 2019, la justicia les había dado la razón y consideró que tras seis meses de detención tenían derecho a tal audiencia.