Europa Press

Madrid

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado por concluido ayer, tal y como estaba previsto, el proceso electoral de 2023, haciendo así oficial los resultados de las elecciones de agosto, en las que salió vencedor contra todo pronóstico el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo.
“En cumplimiento del calendario electoral, y respetuosos del marco legal (…), se validaron los resultados electorales y como consecuencia, se concluye el proceso electoral y con ello se oficializan los resultados de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2023”, señala la nota del TSE.
El TSE también reconoce la labor de los más de 125 mil ciudadanos que formaron parte de las juntas electorales en primera y segunda vuelta y que facilitaron la organización y la gestión de aquellos comicios, cuyos resultados, enfatiza son “inalterables”, garantizando así la alternancia de poder y la democracia.
Con esta decisión, el TSE rechaza así una demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos políticos que pretendían alargar el periodo electoral hasta el 15 de enero, con vistas a impedir que la Fiscalía pudiera poner en entredicho la investidura de Arévalo.
Por tanto, Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, deberán tomar posesión de sus cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente, el 14 de enero, así como el resto de cargos electos si finalmente no prosperan los intentos de la Fiscalía por cancelar el Movimiento Semilla, al que acusan de irregularidades en su formación, con la inclusión como afiliados de personas fallecidas.
Los principales instigadores de esta causa –cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala– son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluida esta última en una lista de agentes corruptos elaborado por Estados Unidos.
Por su parte, Estados Unidos ha reaccionado destacando a través del portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, que “el pueblo guatemalteco ha hablado” y que “sus voces deben ser respetadas”.