Europa Press

Madrid

El Parlamento de Venezuela ha condenado ayer “en los términos más enérgicos” las sanciones impuestas la víspera por las autoridades de Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos por haber “obstaculizado la realización de un proceso electoral transparente” y haber evitado publicar “los resultados precisos” de los comicios presidenciales.
“La Asamblea Nacional de Venezuela condena y rechaza, en los términos más enérgicos, la agresión continua y permanente por parte del gobierno supremacista de Estados Unidos, esta vez al imponer medidas coercitivas unilaterales contra venezolanas y venezolanos servidores públicos, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante”, ha señalado en un comunicado el presidente de la cámara, Jorge Rodríguez Gómez.
Estas declaraciones se producen después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del país norteamericano impusiera este jueves sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como figuras importantes del ejército y la Inteligencia venezolana, en relación a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin que el chavismo haya hecho públicas de momento las actas que confirmarían su triunfo electoral.
El presidente de la Asamblea Nacional ha acusado a la oposición venezolana, a la que ha calificado como “los amos de la ultraderecha fascista”, de estar detrás de esta “nueva arremetida” del gobierno de Estados Unidos. Así, ha denunciado que las sanciones “vulneran flagrantemente los principios del Derecho Internacional” y pretenden “intimidar y amedrentar al pueblo venezolano”.
Mientras, el CNE y el TSJ de Venezuela han respondido ayer en sendos mensajes a las sanciones impuestas el jueves por el gobierno de Estados Unidos contra algunos de sus miembros, defendiendo su papel de árbitros en las elecciones presidenciales del 28 de julio frente a las “injerencias”.
En su comunicado, el CNE, controlado por el chavismo, describe las sanciones de Washington como un “infame acto de injerencia”, si bien promete que seguirá “firme, unido y más fuerte que nunca” ante “cualquier ataque rastrero”. El Consejo insiste en que el resultado del 28 de julio es “incuestionable” y se compromete a seguir trabajando en aras de “la paz y la estabilidad política”.
El TSJ, por su parte, ha respondido a las sanciones con una nota leída por su presidenta, Caryslia Rodríguez, precisamente una de las personas incluidas ahora en la ‘lista negra’ norteamericana. Rodríguez ha descrito el tribunal como “un pilar de paz” frente a “amenazas externas sistemáticas que buscan debilitar la institucionalidad y la democracia” de Venezuela.
Por otro lado, la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, ya abandonó España tras ser llamada a consultas el jueves por el gobierno de Nicolás Maduro, que denunció unas declaraciones “insolentes, injerencistas y groseras” por parte de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles.
Horas después de que Robles se refiriese al gobierno de Venezuela como una “dictadura”, el Ministerio de Exteriores anunció que convocaba al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y llamaba a consultas a su representante en Madrid, sin entrar en más detalles.
La embajadora venezolana ya ha partido desde España, según fuentes conocedoras del viaje, mientras sigue pendiente en Caracas la reunión del embajador español con algún representante de la Cancillería venezolana.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha calificado de “absurda” la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España porque “los grandes perjudicados serían sus empresas”.
“Es muy complicado que se cumplan esas amenazas porque sería una decisión que iría contra sus propios intereses. Si se llevan a cabo restricciones en la actividad económica entre los dos países, tendría muchísimo más perjuicio para los intereses de Venezuela”, ha asegurado Garrido en una entrevista en ‘Telemadrid’.
Mientras, el líder conservador del Partido Popular de España, Alberto Núñez, acusó ayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de “desoír el mandato del Congreso” para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, una actitud con la que, a su juicio, están dando “un pésimo ejemplo a la comunidad internacional”. Dicho esto, ha expresado su confianza en que la próxima semana sí que lo haga el Parlamento Europeo.
El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, no se ha pronunciado sobre si Venezuela es una dictadura, a raíz de unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que han provocado una crisis diplomática con el país latinoamericano, si bien ha reiterado que las últimas elecciones han demostrado que la calidad democrática “no ha mejorado”.
El Papa ha instado a los gobernantes de Venezuela a “dialogar” y, aunque ha reconocido que no ha seguido estos días la situación en el país, ha afirmado que en todo caso “las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano”.
Francisco ha sido preguntado en el avión de regreso de su gira por Asia y Oceanía sobre la situación política en el país ante las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. “El mensaje que doy a los gobernantes es el de dialogar y hacer la paz”, ha resaltado.