Europa Press

Madrid

El Tribunal Supremo de Brasil aprobó ayer por mayoría anular las condenas por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), por lo que podría presentarse como candidato a las elecciones generales del próximo año.
Siete de los once jueces con conforman el Supremo brasileño votaron a favor de mantener la anulación de las sanciones, que ya fueron revocadas a principios de marzo por uno de los magistrados, Edson Fachin, al considerar que las condenas habían sido dictadas por un tribunal que no contaba con autoridad para hacerlo.
A la espera de que otros tres magistrados emitan su voto, el único que se mostró contrario fue el juez recientemente nombrado Kássio Nunes Marques, conocido aliado del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Fachin anuló la sentencia de 12 años de prisión por considerar que la 13ª Jurisdicción Federal de Curitiba no era competente para los cuatro procesos del caso Lava Jato abiertos contra Lula: el tríplex de Guarujá, el inmueble de Atibaia, los terrenos para la sede del Instituto Lula y las donaciones de Odebrecht.
En el caso del tríplex de Guarujá, el Supremo destacó que el único punto de “intersección entre los hechos narrados” en la denuncia contra Lula y la competencia del tribunal de Curitiba era la pertenencia de la constructora OAS al cártel de empresas que actuaba de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras.
Los otros tres casos tienen defectos similares. “En todos los casos, las denuncias fueron estructuradas de la misma manera (…), atribuyéndole el papel de figura central de un grupo criminal organizado”, argumentó Fachin, quien consideró que los procesos contra Lula no tenían relación directa con esas irregularidades, por lo que debía de ser juzgado en un tribunal federal.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil absolvió a la ex presidenta Dilma Roussef del caso de irregularidades en la compra de la refinería de Pasadena, en el estado estadunidense de Texas, por parte de la petrolera brasileña Petrobas.
En la misma decisión, el TCU halló culpables de las irregularidades al expresidente de la empresa estatal, José Sergio Gabrielli, y a otras seis personas, según recoge el medio brasileño G1.
En 2006, Petrobas, en cuyo consejo de administración se encontraba Roussef, entonces ministra de la Presidencia del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, adquirió la refinería pagando una cantidad ocho veces mayor que la desembolsada por el anterior propietario de la misma.
En el marco de este caso, en 2014 el TCU ya había absuelto a la ex presidenta y responsabilizado a Gabrielli y otros ex directores de la petrolera, si bien la decisión adoptada este miércoles es la conclusión de otro proceso de 2017 en el que se determinó que los ex miembros de la junta directiva de la estatal eran los responsables de la compra y perjuicio a la misma.
La compra de la refinería, investigada dentro de la operación ‘Lava Jato’, siempre estuvo rodeada de polémica y fue uno de los puntales de la trama de corrupción en Petrobras. Cuando se compró en 2006, Petrobras pagó 350 millones de dólares por la mitad de la refinería, un valor muy superior al que la empresa belga Astra Oil pagó tan solo un año antes por toda la refinería, 42.5 millones de dólares.
En 2012, en el gobierno de Roussef, Petrobras se vio obligada a comprar la otra mitad de la refinería ya que estaba previsto en el contrato, pagando 820 millones de dólares.