Existe en México una gran cifra negra de feminicidios y casos de violencia contra las mujeres que no es retratada por las denuncias y las sentencias registradas por la estadística oficial, según exhibe el informe Impunidad feminicida: radiografía de los datos oficiales sobre violencia contra las mujeres (2017-2019), presentado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT).
El estudio, que toma el pulso de las violencias vividas por mujeres de todo el país, pone en evidencia el nivel de impunidad que las caracteriza, si bien es apenas una estimación de la dimensión real del fenómeno.
“A la hora de hacer este informe, nos encontramos con muchísimos problemas. Sobre todo a la hora de hacer uso del derecho de acceso a la información”, expuso Olga Arnaiz en la rueda de prensa que tuvo lugar tras la presentación del documento, el miércoles pasado, en la sede de la Red TDT en la capital del país.
Arnaiz remarcó que el informe se basa exclusivamente en el análisis de datos oficiales proporcionados por distintas instituciones.
La Red TDT presentó decenas de solicitudes de información dirigidas a las fiscalías y los tribunales de justicia de todas la entidades de la República. Con base en la información obtenida, se examinó la cantidad de denuncias y de sentencias que se dieron en 15 tipos de delitos contra la mujer, como feminicidio, acoso sexual, violación o incesto.
Los datos proporcionados por las instituciones del Estado mexicano no sólo resultaron escasos, sino que fue engorroso y tardado conseguirlos.
La responsable de incidencia internacional de la red dijo que los problemas que enfrentaron “van desde la falta de respuesta, tanto por parte de las fiscalías como del Poder Judicial, hasta las respuestas incorrectas; pedíamos un tipo penal y nos contestaban con información totalmente distinta”.
En su turno, Marianna Mendoza Aquino e Iván González, representantes legales de la Red TDT, relataron que la elaboración de las solicitudes de información fue un proceso agotador, en el que imperó la opacidad. Hubo entidades que no respondieron a ninguna solicitud: ni a través de la Plataforma Nacional, ni a través de comunicaciones directas.
El Estado de México, donde organizaciones civiles han documentado los índices más abrumadores de violencia contra las mujeres, brilló por su falta de respuestas. En tanto que Guanajuato, Sinaloa, Guerrero y Yucatán no aportaron datos desagregados por sexo, edad o tipo penal.

Guerrero: datos contradictorios

Mendoza Aquino resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero sí proporcionó datos, pero con contradicciones, mientras que el Poder Judicial local en algunos delitos no proporcionó datos y en otros, éstos no estaban separados.
“En el informe, Guerrero tiene muchísimas notas al pie, lo que significa que se contradijo bastante en la información que nos mandó. Cada nota al pie significa que nos envió una información y luego otra distinta”, abundó González en entrevista con El Sur.
Esto, explicó, se repite como un patrón en casi toda la información brindada por las autoridades guerrerenses, desde el delito de violación al de feminicidio. En dos oficios enviados por la FGE se presentan cifras diferentes respecto a las mujeres víctimas de violación sexual. El primer oficio asegura que en 2017 y 2018 se registraron, respectivamente, 175 y 170 mujeres víctimas de violación. No obstante, el segundo oficio presenta 204 en 2017 y 153 en 2018.
También en el caso de feminicidio, la FGE reportó datos discordantes. Si en un oficio reporta 21 víctimas de feminicidio en 2017 y 29 en 2018, en un anexo de oficio reporta otros datos: 25 víctimas de feminicidio en 2017 y 31 en 2018.
Junto con Aguascalientes y Chihuahua, Guerrero fue uno de los estados que no respondieron a la solicitud sobre sentencias condenatorias emitidas por el delito de feminicidio en el bienio 2017-2019.
En cuanto al feminicidio, el reporte de la Red TDT evidencia que en muchos casos los crímenes violentos de mujeres se siguen investigando como homicidio común, pese a que existe el tipo penal de feminicidio.
Hay estados –Guerrero entre ellos– que aunque cuentan con el tipo penal de feminicidio, registran pocas víctimas por este delito y un elevado número de víctimas mujeres de homicidio doloso.
Esta tendencia a no utilizar la herramienta penal del feminicidio, indicaría, destaca la Red TDT en su informe, una carencia de perspectiva de género a la hora de investigar y sancionar estos delitos.
Junto con Guerrero, figuran Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas en la lista de entidades con enormes diferencias entre los registros de feminicidio y de homicidio doloso contra mujeres.

Falta de voluntad política,
déjà-vu que se repite

En su intervención durante la presentación del informe Impunidad feminicida: radiografía de los datos oficiales sobre violencia contra las mujeres (2017-2019), Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (Cimac), comentó que le parecía estar atrapada en un déjà-vu: la repetición de algo ya vivido en el pasado.
Citó como ejemplo cuando, en 2005, diputados federales empezaban a trabajar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una de las investigaciones que sustentan la creación de esa Ley, recordó, fue un estudio que la Cámara de Diputados solicitó a las entonces procuradurías –hoy fiscalías– y al Servicio Médico Forense. El estudio tenía evidentes carencias: las estadísticas no presentaban un retrato fiel de la violencia que enfrentaban las mujeres en el país.
“Han pasado 14 años y el Estado mexicano no ha resuelto un problema estadístico que no es menor. Esto demuestra la falta de prioridad para salvaguardar la integridad de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida.
“A lo largo de estos años hemos tenido tres gobiernos de distinto color partidista que se unen en un punto: la misoginia”, condenó Lagunes.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordena crear un sistema para homologar la clasificación de los delitos en las varias dependencias, así como un programa integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A la fecha no se ha puesto en funcionamiento el sistema ni el programa ha sido desarrollado.
“No todas las mujeres que habitamos este territorio tenemos los mismos derechos asegurados por la ley –apuntó la directora de Cimac–. Hay disparidad y dependiendo de cada entidad federativa, los delitos se reconocen o no se reconocen y se sancionan de maneras distintas”.

El incesto, tabú que encubre
violación y embarazo de niñas

Lagunes hizo referencia al delito de incesto, tema que continúa siendo un tabú en muchas familias del país, y señaló con preocupación que aún existan entidades federativas que no lo tienen tipificado en sus códigos penales.
El informe de la Red TDT consigna que, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2019, cada año 11 mil niñas se convierten en madres de manera forzada a causa de una violación. Esto significa que cada día 34 niñas son violadas.
Sin embargo, durante el bienio abarcado se registraron sólo 42 mujeres víctimas de incesto. Existen obstáculos que no permiten obtener una panorámica completa: Campeche, por ejemplo, no tiene tipificado el delito, y en Quintana Roo no se encuentra vigente. Por otro lado, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas en el lapso estudiado no reportaron denuncias por este ilícito.
Malú García Andrade, hija de la activista de derechos humanos Norma Andrade, condenó la constante falta de voluntad política de las autoridades para atender a las víctimas y brindarles justicia.
“Siguen simulando suicidios, siguen ocultando esas cifras con toda la alevosía del mundo. Estamos peor ahora que en el pasado: antes podíamos decir que las autoridades no estaban capacitadas, que no existían fiscalías con perspectiva de género, que no estaba tipificado el feminicidio, que no existían laboratorios de genética forenses”, subrayó.
Sentada entre el público, Malú narró que el inicio de su lucha empezó con el feminicidio de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001. Cuando le arrebataron su hija, Norma Andrade fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización que reúne a familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en el estado de Chihuahua. Malú ahora es su directora jurídica.
“Creímos que iba a haber un cambio, pero lo que vemos es que Andrés Manuel López Obrador nos está tratando peor que Enrique Peña Nieto. Tenemos a un presidente que tiene a su lado a grandes feministas: en el Senado, en la Cámara, en las instituciones. Pero no las escucha”, lamentó.